La Generalitat denuncia que ‘Cataluña ha dejado de percibir 240 millones de euros en tres años para financiar la Ley de Dependencia’
Según la consejera Neus Munté, 'no hay impagos a entidades sociales, sino retrasos y dificultades para hacer puntualmente los pagos', un hecho que se deriva de 'la limitación extraordinaria que sufren debido a un modelo de financiación injusta'
En el transcurso del Pleno del Parlamento celebrado en mayo, la consejera de Bienestar Social y Familia, Neus Munté, quiso aclarar, a pregunta del grupo parlamentario del PP, que "hay que decir las cosas por su nombre y aclarar que no hay impagos a las entidades sociales, sino que hablamos de retrasos y de dificultades para hacer puntualmente todos los pagos, como seria voluntad del Gobierno".
Munté justificó esta situación a "la limitación extraordinaria de recursos que sufre la Generalitat, debido a un modelo de financiación injusta, un techo de déficit injusto, unos incumplimientos legales y a unos recortes totalmente injustos".
La consejera de Bienestar Social y Familia denunció, además, "la retirada del Gobierno del Estado de sus responsabilidades en cuanto al sostenimiento del estado del bienestar”, como demuestra la importantísima reducción de financiación del ámbito social que ha sido de un “drástico 92% desde 2011. Una cifra que contrasta con la priorización que hace la Generalitat en el ámbito social, al cual destina el 71% de su presupuesto global". Concretamente, en cuanto a la financiación de la Ley de Dependencia, Neus Munté puso de relieve que "Cataluña ha dejado de percibir 240 millones de euros en los últimos tres años, con la desaparición del nivel acordado y el recorte del nivel mínimo garantizado". Según Munté, "con estos recursos que no han llegado a Cataluña hubiéramos podido incrementar 13.000 plazas residenciales para personas en situación de dependencia, o incluir 26.500 personas en el sistema de protección, reubicar la figura del cuidador no profesional tan maltratada por los recortes del gobierno del Partido Popular, o incrementar 6.000 plazas de servicios residenciales y diurnos para personas con discapacitado y personas con enfermedad mental, por ejemplo".
Por último, la consejera se refirió al estudio Servicios públicos, diferencias territoriales e igualdades de oportunidades de la Fundación del BBVA y el Instituto Valenciano de Investigaciones Económicas, presentado recientemente. El informe expone que las diferencias entre comunidades autónomas no han cambiado de manera sustancial con la crisis, pero ahora se conocen con mucha más profundidad y no se han hecho los pasos suficientes para eliminarlas. El estudio concluye que la razón principal de esta situación son los ingresos que la comunidad recibe por el injusto sistema de financiación autonómica que llega a fracturar la igualdad de oportunidades.
Munté justificó esta situación a "la limitación extraordinaria de recursos que sufre la Generalitat, debido a un modelo de financiación injusta, un techo de déficit injusto, unos incumplimientos legales y a unos recortes totalmente injustos".
La consejera de Bienestar Social y Familia denunció, además, "la retirada del Gobierno del Estado de sus responsabilidades en cuanto al sostenimiento del estado del bienestar”, como demuestra la importantísima reducción de financiación del ámbito social que ha sido de un “drástico 92% desde 2011. Una cifra que contrasta con la priorización que hace la Generalitat en el ámbito social, al cual destina el 71% de su presupuesto global". Concretamente, en cuanto a la financiación de la Ley de Dependencia, Neus Munté puso de relieve que "Cataluña ha dejado de percibir 240 millones de euros en los últimos tres años, con la desaparición del nivel acordado y el recorte del nivel mínimo garantizado". Según Munté, "con estos recursos que no han llegado a Cataluña hubiéramos podido incrementar 13.000 plazas residenciales para personas en situación de dependencia, o incluir 26.500 personas en el sistema de protección, reubicar la figura del cuidador no profesional tan maltratada por los recortes del gobierno del Partido Popular, o incrementar 6.000 plazas de servicios residenciales y diurnos para personas con discapacitado y personas con enfermedad mental, por ejemplo".
Por último, la consejera se refirió al estudio Servicios públicos, diferencias territoriales e igualdades de oportunidades de la Fundación del BBVA y el Instituto Valenciano de Investigaciones Económicas, presentado recientemente. El informe expone que las diferencias entre comunidades autónomas no han cambiado de manera sustancial con la crisis, pero ahora se conocen con mucha más profundidad y no se han hecho los pasos suficientes para eliminarlas. El estudio concluye que la razón principal de esta situación son los ingresos que la comunidad recibe por el injusto sistema de financiación autonómica que llega a fracturar la igualdad de oportunidades.
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