El secretario general de la FEMP, Luis Martínez- Sicluna, reivindica la accesibilidad universal y ha reafirmado el compromiso firme del municipalismo con ello, subrayando que se trata de un derecho fundamental, especialmente tras la reciente reforma del artículo 49 de la Constitución Española. “No estamos hablando de voluntarismo ni de buenas intenciones; hablamos de derechos fundamentales”, ha recalcado.

Lo ha hecho en el seminario ‘La accesibilidad universal: aliada para fijar población en la España rural’, celebrado en la sede de la federación con el objetivo de facilitar a los gobiernos locales, especialmente en entornos rurales, la incorporación efectiva del principio de accesibilidad universal en sus políticas públicas.

Junto al secretario general de la FEMP, han intervenido en la inauguración del acto el director del Real Patronato, Jesús Martín Blanco; la directora general de Políticas contra la Despoblación del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Ana de los Ángeles Marín; y el director general de la Fundación ACS, José Mayor Oreja. Posteriormente, han participado representantes del mundo local, del movimiento asociativo y de municipios con experiencias de éxito.

Durante su intervención, Martínez-Sicluna también reivindica la accesibilidad y ha puesto el foco en su relación con el entorno rural. “Existe la idea equivocada de que la accesibilidad es cosa de ciudades, pero un millón de personas con discapacidad viven en el medio rural”, ha señalado. A los retos estructurales del territorio —aislamiento, soledad no deseada, falta de transporte, acceso desigual a servicios esenciales— se suman los desafíos específicos a los que se enfrentan las personas con discapacidad. “Por eso, es fundamental abordar esta realidad con decisión”, ha insistido.

COMPROMISO POLÍTICO

En este contexto, ha defendido que la accesibilidad universal debe ser una tarea compartida por todos los municipios, sin importar su tamaño. “Hoy conoceremos buenas prácticas de pueblos pequeños. Queremos demostrar que la accesibilidad está al alcance de todos si hay compromiso político y apoyo técnico”, ha afirmado. “Una jornada como esta no es un punto final, sino un punto de partida para extender esas buenas prácticas por todo el territorio”.

Martínez-Sicluna ha concluido recordando que la accesibilidad universal no solo beneficia a las personas con discapacidad, sino que mejora la vida de toda la población: personas mayores, embarazadas, familias. “La accesibilidad es un valor que mejora el bienestar general en el medio rural”, ha dicho, y ha animado a los ayuntamientos a seguir avanzando en esta línea con el respaldo de la FEMP.

Jesús Martín Blanco, director del Real Patronato sobre Discapacidad, ha defendido la accesibilidad como llave democrática para acceder a derechos y a la vida cotidiana. Ha subrayado su papel frente a la despoblación y ha reclamado rigor al usar los términos “accesible” e “inclusivo”. “La accesibilidad debe otorgar certezas a quienes viven con vulnerabilidad”, ha afirmado.

Ana de los Ángeles Marín, directora general de Políticas contra la Despoblación, ha destacado el papel de los centros de innovación territorial como espacios clave para dinamizar comarcas despobladas y canalizar proyectos de accesibilidad y ha recordado que desde la Secretaría General de Reto Demográfico se financian anualmente iniciativas en municipios de menos de 5.000 habitantes, priorizando aquellas ligadas a la discapacidad, la economía de los cuidados y la vida independiente.

José Mayor Oreja, director general de la Fundación ACS, también ha defendido la accesibilidad como un derecho recogido en la Constitución y una obligación social hacia las personas con discapacidad en el medio rural. Ha señalado las dificultades específicas del entorno rural —orografía, patrimonio, dispersión—, y ha reclamado más proyectos concretos: “Sin proyectos no hay ejecución”.

En definitiva, la federación reivindica la accesibilidad como un derecho constitucional y una herramienta para mejorar la vida en los pueblos.