La Federación Empresarial de la Dependencia (FED) manifiesta su más firme rechazo ante el acuerdo firmado entre el Gobierno de España y el Gobierno Vasco, que permite a esta comunidad recibir el 50% de financiación del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia (SAAD), mientras se niega sistemáticamente ese mismo derecho al resto de comunidades autónomas.

Desde la FED denunciamos este trato discriminatorio e inadmisible, que rompe con los principios de igualdad y cohesión territorial y ahonda en la brecha de financiación que afecta gravemente a la sostenibilidad del sistema de cuidados en otras comunidades autónomas, donde los servicios se están prestando, literalmente, a pérdidas.

La Ley 39/2006, de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las personas en situación de dependencia, establece que la financiación del SAAD debe realizarse al 50% entre el Estado y las comunidades autónomas. Sin embargo, «esta financiación nunca se ha cumplido. La ley nació infrafinanciada, y desde entonces, ni gobiernos de distinto signo ni presupuestos sucesivos han corregido esta grave anomalía», alegan desde la federación.

A día de hoy, señala la patronal, «las comunidades apenas reciben un 27% de aportación estatal, muy lejos del porcentaje legalmente establecido. Este déficit repercute directamente en la calidad del servicio, en la viabilidad económica de los centros y servicios y, en última instancia, en la dignidad y bienestar de las personas mayores dependientes»

“Estamos ante una vulneración flagrante del principio de igualdad entre territorios. No se puede premiar a una comunidad con la financiación que por derecho nos corresponde a todos mientras se condena a otras a sostener el sistema sin los recursos necesarios”, afirma Ignacio Fernández-Cid, presidente de la FED.

A ello se suma, añaden, «una contradicción especialmente grave: mientras Hacienda se niega a derogar la Ley de Desindexación de precios —lo que impide actualizar el valor de las plazas concertadas conforme al coste real de los servicios—, el Gobierno sí firma un acuerdo bilateral con el País Vasco que rompe ese mismo techo financiero y otorga el 50% de financiación, contradiciendo su propio discurso. Esta incoherencia pone en evidencia una política desigual que margina a la mayoría de comunidades autónomas y a los centros que las sostienen».

“Estamos creando una España a distintas velocidades. La dependencia no puede depender del código postal. Exigimos una financiación justa, homogénea y suficiente para todas las comunidades autónomas, sin privilegios ni excepciones”, añade Fernández-Cid.

Desde la Federación Empresarial de la Dependencia reclaman al Gobierno de España: que aclare públicamente los términos del acuerdo bilateral con Eusakdi; que garantice el mismo nivel de financiación (50%) al conjunto de comunidades autónomas, tal como establece la Ley de Dependencia; que refuerce el nivel mínimo de protección, que es competencia exclusiva del Estado, y que actualmente es claramente insuficiente; y que abra un proceso de diálogo estructural con el sector para resolver los graves problemas estructurales que arrastramos: infrafinanciación, falta de personal, rigidez normativa y ausencia de un modelo de concertación sostenible.

«No se puede seguir precarizando los cuidados. No se puede sostener el sistema a costa del esfuerzo de los profesionales y del sacrificio económico de los centros y servicios. Es el momento de asumir responsabilidades, de poner fin al agravio comparativo y de garantizar el futuro del sistema de atención a la dependencia», concluyen en su comunicado.