El consejero de Empleo de la Junta de Andalucía, Javier Carnero, visitó recientemente el centro especial de empleo de la asociación Adipa en Antequera (Málaga), donde anunció "el apoyo del Gobierno andaluz a este colectivo de trabajadores durante 2018", con una nueva convocatoria de ayudas que entró en vigor el pasado 1 de marzo, y que cuenta con 55,4 millones de euros, "ocho millones de euros más que el año pasado", subrayó, y que se prevé que fomenten la creación y el mantenimiento de 13.500 empleos en toda Andalucía.

Carnero manifestó que el Ejecutio autonómico está convencido de que "no son suficientes las políticas meramente asistenciales o testimoniales: la integración plena de los trabajadores que sufren alguna discapacidad debe venir desde el empleo, y solo desde el empleo se puede alcanzar un plano de igualdad".

Por eso, añadió, la Junta "trabaja en tres direcciones principales de cara al colectivo en materia de empleo, como son las ayudas a la contratación y el mantenimiento en centros especiales de empleo, las ayudas para la contratación en empresas ordinarias, y políticas activas de empleo que primen la asistencia al colectivo". 

Entre estas políticas activas de empleo específicas para la discapacidad, el consejero citó la red de 34 centros del programa 'Andalucía Orienta', que el año pasado atendió a 13.000 trabajadores y favoreció la inserción laboral de 3.000 desempleados que sufrían algún tipo de discapacidad, o la reserva de un 5% de las plazas de los cursos de FP para el Empleo para este colectivo.

Con respecto a la nueva orden de ayudas para 2018, Carnero detalló alguno de sus incentivos, como los destinados a la creación de empleo indefinido de personas con discapacidad, con hasta 12.021 euros por contrato en centros especiales de empleo. Uno de los principales requisitos que deben cumplir los centros especiales de empleo es que su plantilla debe estar conformada de al menos un 70% de personas declaradas con discapacidad en un grado igual o superior al 33%. Una segunda línea de incentivos subvenciona el mantenimiento de los puestos de trabajo ocupados por personas con discapacidad con una ayuda del 50% del salario mínimo interprofesional.

Otra línea de incentivos está dirigida a la adaptación de puestos de trabajo y a la eliminación de barreras arquitectónicas, con una ayuda de 1.804 euros para la adaptación de los puestos de trabajo y hasta el 80% del coste de la inversión realizada para la eliminación de barreras arquitectónicas.

Una cuarta línea de apoyo se destina a financiar la creación de empleo indefinido de las personas con discapacidad en empresas ordinarias, que puede alcanzar hasta los 4.750 euros por cada nuevo contrato a jornada completa, así como una ayuda económica para financiar la adaptación de puestos de trabajo o la dotación de equipos de protección personal, con la finalidad de evitar accidentes laborales.

Por último, también se recogen subvenciones dirigidas a financiar unidades de apoyo que presten servicios de ajuste personal y social de las personas con discapacidad en centros especiales de empleo, así como las ayudas al empleo con apoyo de las personas con discapacidad como medida para su integración laboral en el sistema ordinario de trabajo.