La desigualdad en los servicios que las comunidades ofrecen a su ciudadanía queda patente al analizar su inversión en políticas sociales: Madrid (2.702,8), Catalunya (2.940,8) y Andalucía (3.158), las comunidades que menos invierten en políticas sociales. Navarra (4.500), Euskadi (4.343,5) y Extremadura (4.124,1) las de mayor inversión por habitante. Estas son algunas de las conclusiones del informe que acaba de presentar la Asociación de Directoras y Gerentes de Servicios Sociales (ADGSS). En 2024, los presupuestos de las comunidades aumentaron en 9.750 millones de euros, mientras que la inversión en políticas sociales se redujo en 2.364 millones. Además, expone el informe que continúa la disminución del porcentaje que destinan las comunidades a políticas sociales (sanidad, educación y servicios sociales), que ha pasado del 67,4% en 2010 al 59,1%, en 2024.

«Año tras año las comunidades autónomas destinan menos porcentaje de su presupuesto a políticas sociales, si en el año 2010 eran 2 de cada 3 euros destinados a estas políticas, en el año 2024 se han reducido en 8 puntos porcentuales la cantidad destinada a educación, sanidad y servicios sociales», recoge el informe de la ADGSS, una tendencia que aseguran que ha agudizado en 2024, donde se produjo un incremento de los presupuestos de las comunidades autónomas de 9.753,1 millones de euros y, sin embargo, solo el presupuesto destinado a políticas sociales se redujo en 2.364 millones de euros.

La Comunidad de Madrid es la región que menos invierte en políticas sociales. Cada habitante de esa comunidad recibe 574 euros menos en políticas sociales que la media nacional.

Los recortes realizados en políticas sociales a partir de 2010, y que fueron especialmente drásticos en 2013 condujeron a que, en ese 2013, se registrase el nivel más bajo en gasto autonómico en servicios esenciales (sanidad,educación y servicios sociales), con menos de 100.000 millones de euros. Des 2014 a 2020, se han ido registrando aumentos en los presupuestos liquidados del conjunto de las comunidades autónomas. En los años siguientes, impulsado por los presupuesto de la AGE, ha ido aumentando en gran medida el gasto social hasta los 159.339,8 millones de euros del presupuesto liquidado de 2023.

«Haber contado con Presupuestos Generales del Estado ha propiciado el aumento de inversión en políticas sociales, aunque no ha sido igual en todas las comunidades autónomas, sin embargo, se observa un parón en los años 2024 y 2025 por la ausencia de los mismos», concluye la entidad.

Además, la ADGSS señala que el porcentaje del presupuesto que se dedica a políticas sociales tiene una tendencia a la baja desde el año 2010, donde el porcentaje del presupuesto dedicado a políticas sociales fue de 67,4%, mientras que en el año 2024 fue de 59,1%. Si se hubiera destinado el mismo porcentaje que en 2010, se hubieran invertido más de 22.167 de euros adicionales en 2024 en políticas sociales.

Aunque la crisis sanitaria y social provocada por la Covid-19 demostró la importancia del gasto en servicios públicos esenciales de sanidad, educación y servicios sociales, el incremento del gasto en estas políticas gestionadas por las comunidades solo ha sido el 14,5% entre 2020 y 2024, mientras que el incremento del gasto en el resto de políticas fue el 62% en ese mismo periodo (4,5 veces más). «Ello evidencia la pérdida de peso específico del gasto social en las comunidades autónomas», aseguran.

«Han tenido que pasar 15 años y una pandemia para recuperar el gasto social, pero su peso en los presupuestos autonómicos es cada vez menor. Desde 2009 todas las comunidades autónomas han incrementado su inversión en el conjunto de áreas que nos ocupa», reflexionan desde la organización. Realizando un análisis de un periodo más corto de tiempo, llama la atención que en los últimos cinco años todas las comunidades han aumentado su inversión por habitante en políticas sociales, sin embargo, no todas lo han hecho de la misma manera. Destacan Extremadura (+37,9%), Canarias (+35,7%) y Navarra (+35,3%) y en el otro extremo nos encontramos con Catalunya (+), Murica (+) y Madrid (+). Precisamente son las regiones que menos invierten las que menos han aumentado en los últimos años, «por lo que se está aumentando la desigualdad entre comunidades«, resumen los profesionales de la ADGSS. La media en el Estado en el último quinquenio fue 25,1%.

Las diferencias en el gasto por habitante en políticas sociales entre comunidades autónomas oscilan entre 2.703 euros en Comunidad de Madrid y 4.500 euros en Navarra o 4.343 euros en Euskadi. Entre las comunidades de Régimen Común, destacan Extremadura (4.124 euros), Asturias (3.960 euros) y Cantabria (3.702 euros). A la cola de inversión económica en Políticas Sociales por habitante en 2024 se encuentran Andalucía (3.158), Catalunya (2.941 euros) y la Comunidad de Madrid (2.703 euros).

El mayor descenso en el porcentaje del presupuesto destinado a sanidad se produce entre el año 2012, cuando significaba el 37,3% del presupuesto total de las comunidades autónomas, al 30,9% que representó en 2024 (6,4 puntos menos). En educación esta diferencia se encuentra entre el 23,9% del presupuesto total que recibió en el año 2010, y el 20,4% en 2024 (3,5 puntos menos). Los servicios sociales fue la única política social que ha visto incrementar el porcentaje que recibe de los presupuestos autonómicos, aunque sólo con 5 décimas más en 2024 (7,8%) que en 2011 o 2019, cuando supuso el 7,3%.

Es destacable que en los últimos años el menor aumento en el gasto autonómico ha sido en el pago de la deuda, aumentando sólo un 6,1% en su coste total y aumentando en 29,14 eurospor habitante al contrario que en otros momentos de la serie histórica donde se produjeron importantes aumentos. La estabilidad económica en estos últimos cinco años ha permitido poder destinar presupuesto a otras áreas de gasto y no al pago de la deuda. Solo cabe recordar que en el período 2009-19 el gasto en el pago de la deuda se multiplicó por 5,5.

Sin embargo, observamos que el mayor aumento en los presupuestos en el último quinquenio no ha ido a políticas sociales sino a otras políticas. Esto es un elemento para llegar a la conclusión de que los presupuestos de las regiones son cada vez menos sociales. Si el aumento en el resto de políticas fue de un 42,1% mientras que en el total de las políticas sociales se aumento un 28,2%, 39,2% en servicios sociales, 30,1% en sanidad y 27,1% en educación. «Es preocupante, además, la disminución en el presupuesto en el año 23 respecto al 24, siendo conscientes de que los datos de 2024 no son todavía de presupuesto liquidado», resalta el informe.

En 2024 el coste de la deuda ha aumentado en 315 millones de euros respecto al año anterior, llegando hasta el un 15,29% del presupuesto total de las comunidades autónomas, con un coste de 40.640 millones de euros, el doble de lo que se gasta en servicios sociales y un 50% de lo que se dedica a Sanidad, En consecuencia, concluye el informe de la ADGSS, “la reducción del coste que supondría la quita de casi 85.000 millones de euros de la deuda de las comunidades, permitiría un gran refuerzo de las políticas sociales en sanidad, educación y servicios sociales (dependencia), incrementando de manera importante sus presupuestos para recuperar, al menos, los recortes que se han producido en los últimos años”.