"El nuevo Decreto del Gobierno sobre dependencia plantea un incremento de la financiación estatal del sistema que apenas será suficiente para garantizar la ejecución del presupuesto 2017". Así lo han manifestado desde la Asociación de Directoras y Gerentes de Servicios Sociales (ADGSS) que, añadieron, "el incremento apenas supone el equivalente a reducir la lista de espera en un 3%, abandonando a los 300.000 dependientes en el limbo de la dependencia".
El decreto sobre el nivel mínimo de financiación, recoge las nuevas cuantías mensuales que abonará la Administración General del Estado a las autonomía por cada persona dependiente atendida en función de su grado. Determina, además, un aumento de la cuantía media en nivel mínimo de 10,4 euros mensuales por persona en situación de dependencia que recibe una prestación o servicio (12,27 euros al mes para Grandes Dependientes, 1,65 para dependientes Severos, 3,05 para dependientes moderados).
"El propio Gobierno ha reconocido en sucesivos informes que la batería de recortes en dependencia supuso cuantiosos 'ahorros' a las arcas públicas que actualmente podemos cifrar en más de 4.000 millones de euros acumulados", aseguran desde ADGSS. La Administración General del Estado aportó, en 2016, el 17,4% de la financiación pública del Sistema de Autonomía Personal y Atención de la Dependencia, frente al 82,6% aportado por las comunidades. Según la asociación, "el incremento que ahora se propone está muy lejos de recuperar la ya escasa financiación de 2012 y no supondrá en su totalidad más que un incremento estimado de gasto estatal de un 8,9% (un importe estimado cercano a los 100 millones de euros)".
El Observatorio Nacional de la Dependencia ya alertó a la opinión pública –muy especialmente al grupo parlamentario de Ciudadanos– de que el incremento presupuestario para dependencia pactado en los Presupuestos Generales del Estado de 2017 sería papel mojado si no se incrementaban las cuantías del nivel mínimo. Pues bien, explican desde ADGSS, "la situación de colapso actual es tal que, si no se hiciera esta operación de incremento del nivel mínimo, se correría serio riesgo de no ejecutar el total presupuestado, lo que hubiera resultado inexplicable para el Ministerio de Sanidad existiendo más de 300.000 personas en espera de atención y cuando un centenar de personas fallece diariamente sin haber podido ejercer su derecho a percibir servicios o prestaciones".
El incremento de atendidos y la consiguiente reducción de la lista de espera se hace "muy lentamente y a costa de atender a los dependientes con Grado I mientras que los de Grados III y II (con mayores necesidades de apoyo) están estancados desde hace dos años", indican desde la asociación. "Aunque se cacarea sistemáticamente el mantra de la 'recuperación económica' y aunque la situación del SAAD haya sido analizada por el Gobierno y las comunidades con el diagnóstico de la mala financiación, seguimos en el sinsentido que no se esté pensando en recuperar –al menos- los niveles de financiación que fueron triste y cruelmente recortados en 2012".