La Asociación de Directoras y Gerentes de Servicios Sociales (ADGSS) asegura que el Gobierno ha reducido hasta "lo testimonial" su aportación para la primera línea de protección social en barrios, pueblos, comarcas y ciudades.

Al cumplirse el 30 aniversario de la firma del Plan Concertado de Servicios Sociales, desde la asociación instan a "reivindicar el modelo de 'Pacto' que supone no solo de cohesión social sino también, ahora que el tema es de tanta actualidad, un modelo de cohesión territorial, en el que la presencia de la Administración General del Estado se basa en el consenso y en su implicación efectiva como garante de condiciones básica de igualdad para todos sus ciudadanos, sea cual se su lugar de residencia". Para ADGSS, "su deslealtad en materia de financiación, y su falta de liderazgo técnico, están haciendo perder todo el potencial que este Pacto de Estado, el Plan Concertado de Prestaciones Básicas de Servicios Sociales en Corporaciones Locales, podía suponer".

En 1988, el entonces Ministerio de Trabajo y Seguridad Social firmó, con 16 de las 17 Comunidades Autónomas (a excepción de Euskadi por su sistema especifico de financiación vía “Cupo”), un plan para desarrollar y mantener una Red Básica de Servicios Sociales en el ámbito local para garantizar Prestaciones Básicas de Servicios Sociales a toda la población, fuera cual fuera su lugar de residencia. Desde la asociación explican que se trató de "un auténtico Pacto de Estado que contempla una colaboración económica y técnica para el desarrollo de esta red local, así como un intercambio de información".

30 años después, la red de centros de servicios sociales, albergues y centros de acogida que financia este plan está implantada en 5.610 municipios, con una población de 41,6 millones de habitantes (94,7% de la población española, aunque en 2005 llegó a alcanzar al 99,2%). 5,8 millones de personas reciben alguna prestación básica aunque, desde ADGSS señalan que "en momentos álgidos de la crisis alcanzó los siete millones de personas". Así por ejemplo, 432.000 personas reciben atenciones domiciliarias, más de 8.000 personas se alojan cada año en las 900 plazas de albergues y centros de acogida financiadas en esta red local, y 29.000 personas han encontrado empleo a través de las intervenciones de los centros de servicios sociales.

Los compromisos de financiación establecieron la voluntad de financiar a terceras partes el coste de esta red, a cargo de las propias entidades locales, de las comunidades autónomas y de la Administración General del Estado (AGE). Así, en los 90, la AGE financiaba hasta el 25% del coste de esta red. Sin embargo, de manera continuada, desde la asociación indican que "ha ido reduciendo esta financiación, hasta situarse en un testimonial 2,9% en 2016, último año del que se dispone de certificaciones oficiales: apenas 27 millones de euros, sobre un coste total de 944 millones, de los que las autonomías financian 321 millones (34%) y las entidades locales, 597 millones (63%).