Gobierno, instituciones y empresas privadas deben hacer frente a los retos del cambio demográfico
El objetivo de este foro, moderado por el director de Comunicación de Servimedia, Arturo San Román, ha sido analizar cómo el cambio demográfico y el progresivo envejecimiento de la población obligan a Gobierno, instituciones y empresas privadas a poner en marcha medidas que hagan frente al impacto que estos dos fenómenos tienen sobre el sistema laboral, sanitario y de pensiones.
El encuentro ha contado con la participación del director general del Imserso, César Antón; el presidente de Unión Democrática de Pensionistas (UDP) y vicepresidente del Consejo Estatal de Personas Mayores, Luis Martín Pindado; el presidente de la Fundación Edad&Vida, Eduardo Rodríguez Rovira, y el director general de ILUNION Sociosanitario, Pablo Martín.
Los representantes de las cinco entidades han coincidido en la necesidad de establecer mecanismos que contribuyan a aprovechar el talento de las personas mayores de 65 años en España, por su capacidad de seguir cotizando y aportando al sistema económico.
César Antón ha destacado que “es una obligación de los poderes públicos adaptarse a los cambios” de este nuevo escenario social marcado por el envejecimiento de la población y el aumento de la esperanza de vida. Ha pedido para ello el consenso de todos los agentes involucrados en este proceso, puesto que “es una cuestión que afecta a toda la sociedad en su conjunto”.
En su intervención, Juanjo Mulero ha asegurado que convertir a alguien de 55 años en pensionista “es una barbaridad y debería estar prohibido”. “Las personas mayores que llegan a los 65 años están preparadísimas para seguir aportando a la sociedad. Dejarles fuera supone un derroche de talento, de recursos y de posibilidades de empleo”, ha añadido.
Luis Martín Pindado ha recordado que “en España hay miles de personas que podrían seguir cotizando y que fueron jubiladas anticipadamente sin ningún sentido”, al tiempo que ha explicado que, actualmente, sólo 150.000 personas mayores de 65 años trabajan en España. Es por ello que ha insistido en que seguir trabajando más allá de la edad de jubilación “no va en detrimento del empleo de los jóvenes, puesto que los trabajos que realizan son diferentes”.
Envejecimiento en las plantillas
El progresivo envejecimiento de la población se ha trasladado también a las plantillas de las empresas españolas. En opinión de Eduardo Rodríguez Rovira, se está produciendo un “vaciamiento laboral”, ahora que la generación del ‘baby boom’ está empezando a jubilarse. A su juicio, los incentivos para prolongar la vida laboral del colectivo sénior dentro de las empresas son insuficientes, y ha abogado por desarrollar programas de formación continua que eviten la obsolescencia de los trabajadores de más edad.
Pablo Martín ha subrayado en este contexto la importancia de encontrar mecanismos que permitan flexibilizar las posibilidades de continuidad en el marcado laboral de las personas mayores. Según ha dicho, es necesario hacerlo teniendo siempre en cuenta las diferentes características y circunstancias de cada puesto de trabajo, ya que muchas plantillas se encuentran divididas entre los empleados que realizan esfuerzo físico y aquellos que no.
Servicios Sociales y riqueza
El cambio demográfico se asocia también con el aumento de la longevidad. El incremento de la esperanza de vida hace necesario, por lo tanto, promover hábitos de vida saludables que aminoren los efectos negativos de una población cada vez más envejecida y en la que prevalecen las situaciones de dependencia y los pacientes crónicos.
En este sentido, César Antón ha afirmado que la inversión en servicios sociales “es un gasto productivo que genera actividad económica, a través de la generación de empleo, y que revierte en el sistema de grandes ingresos públicos”. “El futuro de la atención a las personas mayores abre también posibilidad de empleo a emprendedores”, ha añadido.
Por su parte, Pablo Martín ha reclamado la implantación de un modelo integrado y coordinado de atención sociosanitaria. En su opinión, “cuanto más atendida esté la población, más personas estarán trabajando y más dinero se generará”. “La inversión en servicios sociales no sólo es un acto de justicia, sino que también es rentable”, ha concluido.