Pregunta.- Desde diciembre es el director general de Personas Mayores y Pensiones no contributivas. ¿Cuáles son las principales áreas de trabajo de esta Dirección General?
Respuesta.- El desempeño de cualquier responsabilidad pública ha de llenar de responsabilidad e ilusión a quien la ejerce, más si cabe, si tienes el honor de dedicar esta a generar, impulsar y gestionar la política que afecta a todas las personas mayores de Andalucía. Por ello, antes de enumerar las grandes áreas de esta Dirección General, me gustaría exponer los dos objetivos generales con los que la Consejería de Igualdad y Políticas Sociales aborda este trabajo, y estos no son otros que el darles a nuestras personas mayores el papel protagonista que en justicia les corresponde en nuestra sociedad, haciéndolo desde una máxima que alumbrará cualquier decisión que les afecte, y esta no es otra que, además de llenar sus vidas de años, el llenar sus años de vida.
En lo que respecta a las áreas de trabajo de esta Dirección General, distinguimos, en primer lugar, el desarrollo, gestión y promoción de las políticas de envejecimiento activo; una segunda área tiene que ver con la atención y seguridad de las personas mayores, a través de la gestión del Teléfono de Atención a las personas mayores y de la atención residencial de las personas mayores en situación de exclusión social; otra área está relacionada con los centros de atención a las personas mayores, bien en temas de autorizaciones y acreditaciones en general, o bien en la propia gestión de los centros de titularidad de la Junta de Andalucía; y la última área de trabajo comprende las pensiones no contributivas.
P.- Desde su contacto directo en estos meses con el colectivo senior, ¿qué es lo que más le preocupa a los mayores andaluces?
R.- Lo que percibo es que a las personas mayores de Andalucía les preocupan aquellas cuestiones que ponen en riesgo su bienestar personal y familiar, como son los problemas de salud, la seguridad económica, que se garanticen sus ingresos, y quizá de una manera especial, la soledad no deseada, la sensación de aislamiento, sentir que no se cuenta con los apoyos familiares y sociales necesarios.
Este tema, la soledad no deseada, aquella que no implica una soledad física, pero que sí afecta de forma muy directa a parte de nuestras personas mayores, nos preocupa especialmente porque, además del malestar subjetivo que supone para quien la sufre, sabemos que es un factor de riesgo que agrava o precipita otra serie de problemas. Por este motivo, en la planificación de nuestras líneas estratégicas de actuación, bien en las políticas de envejecimiento activo o en las de protección de las personas mayores, está muy presente fomentar la participación y luchar contra el aislamiento social, de manera significativa en aquellos colectivos de mayor vulnerabilidad como las mujeres mayores.
P.- Hablemos de pensiones. ¿Es distinta la situación actual de los pensionistas en la comunidad autónoma a los del resto de España? ¿Complementa de alguna manera la Junta de Andalucía las prestaciones que perciben los mayores?
R.- La Junta de Andalucía viene realizando un esfuerzo muy importante desde el año 1990, reconociendo ayudas extraordinarias para las personas perceptoras de pensiones no contributivas y asistenciales. Algunos datos que corroboran esto son, por ejemplo, que de 1991 a 2017 se han destinado 578 millones de euros para este fin, siendo en 2017 el importe de 17,9 millones de euros. Además, desde 2011 las ayudas extraordinarias a las pensiones no contributivas y asistenciales se incrementan un 2% anual y benefician a casi 106.000 personas.
Comparando con el resto de España, con los datos poblacionales de 2016, en Andalucía la tasa de cobertura de estas prestaciones es de 15,57 personas por cada 1.000 habitantes, cuando la media estatal es 12,22 personas por cada 1.000 habitantes.
Esta apuesta evidente por el bienestar de las personas mayores se concreta en la reciente medida adoptada por la Junta de Andalucía por la cual se garantizará por ley la subida del complemento a las pensiones mínimas, no contributivas y asistenciales conforme al IPC, y de esta manera evitar la pérdida de poder adquisitivo precisamente a quienes menos tienen.
De igual modo, desde esta Dirección General mantenemos una relación proactiva con el Imserso, encaminada al traslado de aquellas propuestas que puedan mejorar las instrucciones que este organismo emite, con el fin de beneficiar a las personas mayores perceptoras de alguna pensión no contributiva, en cualquiera de sus modalidades.
P.- ¿Es posible garantizar la sostenibilidad del Sistema de Pensiones?
R.- No solo es posible, sino que es nuestra obligación. Garantizar la sostenibilidad de las pensiones es un reto que debemos afrontar con esfuerzo y convencimiento por parte de todos. Hay muchas actuaciones que se pueden acometer a corto y a largo plazo. A corto plazo podríamos hablar de aplicar medidas que aumenten la productividad, apostar por empleos de mayor calidad y una revisión de salarios al alza, o luchar contra la economía sumergida y el fraude… También es posible aplicar políticas fiscales más progresivas y equitativas, que graven la inmovilidad del capital y premien el emprendimiento.
A largo plazo estaríamos hablando de políticas dirigidas a corregir el desajuste demográfico, para aumentar la tasa de población activa, por un lado con medidas que favorezcan la conciliación familiar, y por otro, las aportaciones de la mano de obra inmigrante.
Por todo ello, la Junta de Andalucía siempre estará en la defensa y en el trabajo para la consecución de este logro.
P.- ¿Qué opinión le merece la propuesta de Íñigo Urkullu al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, de solicitar una gestión autónoma de la Seguridad Social en Euskadi?
R.- La propuesta del lehendakari no nos parece adecuada. Cualquier medida que pueda poner en riesgo la unidad de caja de la Seguridad Social, pone en riesgo la garantía constitucional de igualdad entre todos los españoles.
En este asunto, los esfuerzos deben ir encaminados a garantizar la sostenibilidad del sistema, a corto, medio y largo plazo, lo cual no pasa por fragmentar su gestión.
P.- Dentro de la Ley de Servicios Sociales de Andalucía, se acaba de presentar el Mapa de Servicios Sociales, ¿en qué medida podrá esta herramienta contribuir a una mejor planificación de los recursos?
R.- Esta Consejería ha realizado un gran esfuerzo para cumplir el compromiso adquirido en la Ley 9/2016 de Servicios Sociales de Andalucía, de publicar un Mapa en el que aparezcan los recursos de del sistema de servicios sociales de nuestra comunidad. Se ha conseguido crear un instrumento que recoge la información cuantitativa y cualitativa de las prestaciones, servicios y centros de Servicios Sociales, tanto de titularidad pública como privada de Andalucía.
La ventaja de que la información esté volcada en un mapa y el hecho de que se hayan geolocalizado todos los centros, públicos y privados, permite hacerse una imagen visual rápida de las zonas en las que tenemos que priorizar nuestras actuaciones.
Por último quiero destacar, que el mapa es también una herramienta para la ciudadanía, ya que es público y cualquier persona que quiera puede acceder a él a través de la página web “www.servi ciossocialesandalucia.es”.