Los pactos asistenciales y convivenciales son una realidad cada vez más presente en la sociedad, pero necesitan un marco jurídico que permita la aplicación y el fomento de estas soluciones en la propia vivienda de las personas mayores para combatir su soledad. Esta has sido una de las principales conclusiones extraídas en la jornada ‘Soluciones asistenciales de convivencia ante una situación de soledad no deseada’, organizada por la Plataforma de Mayores y Pensionistas (PMP) y por Fundación Notariado. El evento reunió a expertos, notarios y representantes del movimiento asociativo de mayores, que coincidieron en la necesidad de dotar de seguridad jurídica a estas iniciativas que responden a nuevos cambios sociales y demográficos.

La presidenta de Fundación Notariado y del Consejo General del Notariado (CGN), Concepción Pilar Barrio Del Olmo, inauguró la jornada destacando que el envejecimiento, aunque es un logro social, plantea desafíos jurídicos que requieren respuestas urgentes: “Nuestra obligación es facilitar que las personas mayores disfruten de su autonomía con seguridad”. Destacó que los notarios, en su contacto diario con la ciudadanía, son testigos de nuevas formas de convivencia que surgen en respuesta a la soledad, el desamparo o la falta de recursos, y, a través de casos reales recogidos desde notarías rurales, reivindicó el papel del Notariado como agente cercano y garante de soluciones jurídicas innovadoras.

Barrio Del Olmo señaló que el envejecimiento de la población y la transformación de la estructura familiar han roto modelos tradicionales de cuidado, y destacó que “el envejecimiento plantea retos que el derecho no puede eludir: debe facilitar que las personas mayores disfruten de la mejora en las condiciones de vida sin renunciar a su autonomía”. En este sentido defendió que, aunque “estos pactos existen ya en la realidad y no necesitan una regulación expresa para ser válidos, es conveniente contar con un marco jurídico que los impulse y proteja”. La presidenta del CGN y Fundación Notariado manifestó que, “el Notariado busca documentar pactos como una vía para solucionar la soledad no deseada y los problemas de vivienda, facilitando el deseo mayoritario de envejecer en el domicilio”, insistiendo en la necesidad de establecer dichos pactos asistenciales y convivenciales.

A continuación, y a raíz de los mencionados pactos asistenciales y convivenciales, intervino el presidente de PMP, Jesús Norberto Fernández, quien subrayó la necesidad de “dar respuestas diversas a realidades diversas” en el ámbito del envejecimiento. Advirtió del peligro de aplicar soluciones únicas a un colectivo tan heterogéneo como el de las personas mayores. Reclamó también combatir el edadismo, promover un envejecimiento digno y potenciar alternativas residenciales y asistenciales que permitan envejecer en el propio hogar: “No es bueno trasplantar al olmo viejo”, citó, para enfatizar la necesidad de mantener los vínculos vitales y el entorno personal.

En su discurso, el presidente de la PMP puso el énfasis en la gran diversidad y heterogeneidad del colectivo senior, además de advertir contra la tentación de “buscar soluciones únicas para situaciones diversas”. Asimismo, abogó por reforzar los sistemas de apoyo domiciliario y la teleasistencia universal. Finalmente, propuso el avance en el desarrollo de pactos asistenciales como figuras complementarias a las prestaciones del Estado del Bienestar, haciendo un llamamiento a notarios, servicios sociales y organizaciones de mayores para colaborar en ofrecer un asesoramiento jurídico que garantice seguridad a las personas mayores.

Por su parte, Matilde Fernández, presidenta del Observatorio Estatal de la Soledad no Deseada, planteó tener en cuenta estudios, programas piloto y antecedentes de décadas anteriores “que podrían inspirar respuestas actuales” y recordó que “no partimos de cero” y que muchas iniciativas valiosas nacidas en los años 90 podrían servir de base para nuevas soluciones adaptadas al presente. Al mismo tiempo Fernández insistió en que la soledad afecta también a los jóvenes y apeló a incorporar una perspectiva intergeneracional y a seleccionar aquellas fórmulas convivenciales que ya están funcionando, para dotarlas de seguridad jurídica y hacerlas más accesibles, para lo que resulta ineludible establecer pactos asistenciales y convivenciales.

Fernandez animó al Notariado a “mirar hacia soluciones transversales, que conecten lo jurídico con lo social y recojan experiencias ya existentes”.

DEL DIAGNÓSTICO A LAS PROPUESTAS

Tras las ponencias, se dio paso a una mesa de diálogo moderada por el notario de Vilassar de Mar (Barcelona) Albert Domingo Castellá, en la que se analizaron los distintos modelos convivenciales desde una perspectiva práctica, social y fiscal. La presidenta de la Comisión de Personas Activas de la PMP, Cristina Rodríguez-Porrero, enumeró las ventajas de los pactos de ayuda mutua: “Responden a los cambios sociales, están centrados en la persona, son flexibles, sostenibles, promueven la autonomía y humanizan el cuidado”. También destacó su impacto positivo en el entorno y su capacidad para activar zonas rurales o revitalizar barrios urbanos: “Son soluciones que favorecen la permanencia en el hogar y se complementan con recursos existentes como la teleasistencia o los centros de día”. Rodríguez-Porrero enfatizó la necesidad de reforzar la seguridad jurídica y la información para llegar a todas las personas mayores, incluidas las que viven con discapacidad o aislamiento comunicativo.

Alicia Calaza, notaria de A Estrada (Pontevedra), aportó su experiencia profesional: “En mi notaría rural atendemos cada día a personas mayores que buscan calidad de vida, autonomía y dignidad en la última etapa vital”. Subrayó que “el déficit de recursos y el coste de las residencias merman mucho la calidad de vida de las personas mayores” y propuso la vivienda como eje central de nuevos modelos de cuidados: “El 89% de las personas mayores de 65 años tienen una vivienda en propiedad, por lo que podemos crear alrededor de esta un sistema de acuerdos de convivencia y cuidados basado en su rentabilización”. Defendió además que estos pactos asistenciales y convivenciales permiten adaptar la asistencia a cada fase de la vejez y pidió que quienes financian su propia dependencia con medios privados puedan contar con ciertos incentivos fiscales.

Por último, el inspector de Hacienda Domingo Carbajo Vasco abogó por una regulación clara que dé seguridad jurídica a estas nuevas unidades convivenciales: “El sistema tributario necesita certeza, prueba y registros. Para dar beneficios fiscales a estos pactos debe haber regulación, escritura pública y control”. Carbajo defendió que los pactos de ayuda mutua deben adaptarse a una realidad plural y cambiante, y reclamó una estrategia transversal que articule el marco jurídico, el registro administrativo y, si se aprueban, los beneficios fiscales correspondientes.