Estudio de CC OO-Inafre
En Navarra, el 37% de las personas que trabajan en el sector de la dependencia están pendientes de obtener la acreditación profesional
Así lo concluye el informe 'Análisis de las necesidades de Acreditación Profesional en el sector de atención a la dependencia en Navarra', en el que se realiza un censo de las empresas del sector en la Comunidad y elabora un registro cuantificado del volumen de trabajadores del sector en función de su situación respecto a la acreditación profesional. En Navarra hay 3.577 personas empleadas a las que afectaría la normativa
Un estudio elaborado por Comisiones Obreras (CC OO) junto con el Instituto Navarro para la Formación, el Reciclaje y el Empleo (Inafre), en el marco del Observatorio Navarro del Empleo, estima que 1.343 personas que trabajan en el sector de atención a la dependencia (37,5%) están pendientes de obtener la acreditación profesional. Según la normativa estatal, el 31 de diciembre de 2015, todos los trabajadores del sector deben cumplir con este requisito, que tiene como finalidad garantizar la profesionalidad del sector y la calidad de los servicios que se prestan.
Según este informe, titulado "Análisis de las necesidades de Acreditación Profesional en el sector de atención a la dependencia en Navarra", de las 3.577 personas empleadas a las que afectaría la normativa, el 62,5% ya dispondrían de la acreditación profesional exigida (2.234 personas), mientras que el 37,5% estarían pendientes de obtener dicha acreditación bien a través de la formación, bien a través de la experiencia. De ellas, 232 ya estarían en proceso, 200 necesitarían formación previa, 797 tendrían formación y/o experiencia pero sin acreditar y otras 114 tendrían pendiente de certificar alguna Unidad de Competencia.
El estudio realiza un censo de las empresas del sector en la Comunidad, tanto de centros residenciales de atención a personas mayores y personas con discapacidad, como de empresas que contemplan la atención a domicilio de dependientes. Además, elabora un registro cuantificado del volumen de trabajadores del sector en función de su situación respecto a la acreditación profesional. La acreditación es el instrumento práctico con el que se asegura el derecho de las personas en situación de dependencia a recibir prestaciones de calidad, y el derecho de los profesionales a ver reconocido su trabajo y la profesionalidad con que lo desarrollan.
Garantías para los trabajadores
Precisamente para atender las necesidades de acreditación de este colectivo, el Gobierno de Navarra, CEN, y los sindicatos CC OO y UGT alcanzaron recientemente un acuerdo en el seno del Consejo del Diálogo Social a través del cual se articulan los recursos necesarios para garantizar que todas las personas que trabajan en el sector de atención a la dependencia puedan obtener la acreditación profesional. Se trata de un acuerdo que, en opinión de CC OO, es "de un calado muy importante, ya que resuelve la situación de 1.300 trabajadoras del sector, mayoritariamente mujeres, que veían con angustia la posibilidad de perder su empleo al no disponer de la acreditación profesional que exige la normativa para el 2015".
El acuerdo garantiza que "ninguna de ellas podrá ser despedida por este hecho" y además habilita los recursos necesarios para garantizar que todas las trabajadoras pendientes puedan iniciar los procesos de acreditación, con una dotación presupuestaria de 1,9 millones de euros.
Lo hace a través de tres vías: por la vía no formal y experiencia laboral, comprometiendo la dotación presupuestaria suficiente para satisfacer la demanda; por la vía formal o a través de la formación, mediante tres instrumentos: formación en certificados de profesionalidad, Modalidad Singular de Formación Profesional dirigida a trabajadores ocupados y pruebas libres para obtener títulos de formación profesional; y mediante medidas especiales de autorización transitoria, para los mayores de 60 años y quienes hayan superado un proceso de acreditación parcial vía experiencia o vía formación y tengan pendientes módulos formativos.
Según este informe, titulado "Análisis de las necesidades de Acreditación Profesional en el sector de atención a la dependencia en Navarra", de las 3.577 personas empleadas a las que afectaría la normativa, el 62,5% ya dispondrían de la acreditación profesional exigida (2.234 personas), mientras que el 37,5% estarían pendientes de obtener dicha acreditación bien a través de la formación, bien a través de la experiencia. De ellas, 232 ya estarían en proceso, 200 necesitarían formación previa, 797 tendrían formación y/o experiencia pero sin acreditar y otras 114 tendrían pendiente de certificar alguna Unidad de Competencia.
El estudio realiza un censo de las empresas del sector en la Comunidad, tanto de centros residenciales de atención a personas mayores y personas con discapacidad, como de empresas que contemplan la atención a domicilio de dependientes. Además, elabora un registro cuantificado del volumen de trabajadores del sector en función de su situación respecto a la acreditación profesional. La acreditación es el instrumento práctico con el que se asegura el derecho de las personas en situación de dependencia a recibir prestaciones de calidad, y el derecho de los profesionales a ver reconocido su trabajo y la profesionalidad con que lo desarrollan.
Garantías para los trabajadores
Precisamente para atender las necesidades de acreditación de este colectivo, el Gobierno de Navarra, CEN, y los sindicatos CC OO y UGT alcanzaron recientemente un acuerdo en el seno del Consejo del Diálogo Social a través del cual se articulan los recursos necesarios para garantizar que todas las personas que trabajan en el sector de atención a la dependencia puedan obtener la acreditación profesional. Se trata de un acuerdo que, en opinión de CC OO, es "de un calado muy importante, ya que resuelve la situación de 1.300 trabajadoras del sector, mayoritariamente mujeres, que veían con angustia la posibilidad de perder su empleo al no disponer de la acreditación profesional que exige la normativa para el 2015".
El acuerdo garantiza que "ninguna de ellas podrá ser despedida por este hecho" y además habilita los recursos necesarios para garantizar que todas las trabajadoras pendientes puedan iniciar los procesos de acreditación, con una dotación presupuestaria de 1,9 millones de euros.
Lo hace a través de tres vías: por la vía no formal y experiencia laboral, comprometiendo la dotación presupuestaria suficiente para satisfacer la demanda; por la vía formal o a través de la formación, mediante tres instrumentos: formación en certificados de profesionalidad, Modalidad Singular de Formación Profesional dirigida a trabajadores ocupados y pruebas libres para obtener títulos de formación profesional; y mediante medidas especiales de autorización transitoria, para los mayores de 60 años y quienes hayan superado un proceso de acreditación parcial vía experiencia o vía formación y tengan pendientes módulos formativos.
