Respuesta.- Ser nombrada consejera es una gran oportunidad de contribuir, desde el conocimiento y experiencia acumulados a lo largo de toda mi trayectoria profesional, a hacer realidad los nuevos retos de un Gobierno y un presidente deseoso de recuperar la confianza de los ciudadanos en las instituciones y garantizar el mayor bienestar y la calidad de vida posible a todos los castellanomanchegos.

Nuestra prioridad es atender lo más ágil y eficaz posible todos aquellos aspectos destinados a luchar contra la pobreza, fomentar la inclusión social, proteger y  promover la infancia y asistir a las personas más vulnerables de Castilla-La Mancha.

Subsanar la Orden de 2013 de Servicios de Atención a la Dependencia, declarada nula por sentencia del TSJCM, y elaborar una nueva normativa que favorezca la calidad de la atención son, junto a la resolución de los procedimientos pendientes sobre ayudas de emergencia social e ingreso mínimo de solidaridad, algunas de las actuaciones que afrontamos con carácter de urgencia para evitar perjuicios, discriminaciones o daños irreparables a las personas beneficiarias de este tipo de prestaciones. 

Además, estamos agilizando el examen de aquellos programas asistenciales y servicios concertados existentes para calibrar su eficacia y eficiencia con vistas al pleno aprovechamiento de los recursos humanos y económicos empleados, y a garantizar la gestión pública directa de todas las prestaciones propias de los servicios sociales de Atención Primaria.

R.- La voluntad del presidente Page de impulsar las políticas de bienestar social con la máxima intensidad, visibilidad y capacidad operativa ha motivado la nueva organización. Esta nace con el objetivo de reforzar los derechos fundamentales y mejorar la atención a las personas, los servicios sanitarios y sociales, y el bienestar.

Estoy convencida de que la decisión adoptada ayudará a consolidar los protocolos de coordinación, logrando una atención integral, particularmente necesaria en aquellos casos cuyas condiciones sociales y sanitarias manifiesten una especial complejidad.

P.- Desde su experiencia como conocedora del ámbito de las políticas sociales, ¿qué líneas deben ser las que guíen el trabajo de la Consejería de Bienestar Social?

R.- Si partimos de que las actuaciones de la Consejería deben ayudar a garantizar unas condiciones de vida dignas en las personas, es imprescindible elaborar un Programa de Prestaciones de Servicios Sociales que aseguren un nivel óptimo de calidad y bienestar durante todas las etapas de la vida, especialmente en situaciones de exclusión social, dependencia, discapacidad o menores y familias en situaciones de riesgo.

De igual forma, es necesario replantear los temas de inclusión social y hacer un esfuerzo presupuestario en materia de cooperación al desarrollo en el horizonte del 2020. Además, participaremos en la regulación de la posición del llamado Tercer Sector, diseñando una estrategia autonómica contra la pobreza y la exclusión social y articulando un pacto por la infancia.

Respecto a las personas con discapacidad, es necesario fomentar la accesibilidad universal mediante la progresiva eliminación de barreras, físicas y sociales, universalizando la atención temprana y la garantía de una plaza residencial especializada para todas aquellas personas que lo necesiten. 

R.- Reitero que para el Gobierno de Emiliano García Page es prioritario dar solución inmediata a las situaciones de dependencia y a las condiciones de exclusión social existentes en la Región, situaciones que afectan especialmente a la infancia y la adolescencia. Como punto de partida necesitamos un marco global de seguridad jurídica y social que contribuya a mejorar, con eficacia y eficiencia, las condiciones de vida del conjunto de la población y de los grupos en situación de riesgo.

En ese marco de seguridad estarán: la garantía del derecho a la atención ante situaciones de urgencia social, la elaboración de una nueva normativa regional sobre dependencia, una carta de derechos y deberes de las personas usuarias de los servicios sociales o la aprobación urgente de una estrategia de lucha contra la pobreza y la exclusión social.

Ese marco permitirá trabajar en aquellos casos en los que los derechos y dignidad de la persona puedan verse vulnerados.

R.- Los esfuerzos del Gobierno regional están concentrados en volver a crear las condiciones que hagan posible que cada mujer y hombre de Castilla-La Mancha recupere la seguridad y la confianza en su presente y su futuro, así como el de sus familias, sus comunidades más cercanas y de los pueblos o ciudades en donde residen.  

Los análisis del Colegio de Trabajo Social sobre la evolución de los presupuestos de la Junta de Comunidades en estos últimos cuatro años revelaron un recorte de cientos de millones de euros en las partidas dedicadas a servicios sociales, con un pronunciado deterioro en los sistemas de atención y con unas elevadas tasas de desempleo entre los profesionales del sector. Los cálculos del colegio no solo estimaban una disminución de más de 300 millones de euros en la atención a la dependencia, sino que cifraban en unos 1.500 millones la cuantía del recorte en servicios sociales durante la legislatura gobernada por el Partido Popular.

Las políticas sociales deben dejar de ser las principales víctimas de la crisis para convertirse en un manantial de calidad de vida, protección de derechos y nuevas oportunidades. El Gobierno de Castilla-La Mancha quiere asegurar una financiación estable y suficiente que permita llevar a cabo una atención social adecuada, centrada en las personas, con la participación activa de la ciudadanía, del movimiento asociativo y las corporaciones locales, en una dinámica que impulse el desarrollo y la cohesión social.

Le confirmo que, tal y como manifestó el presidente de Castilla-La Mancha durante su investidura, las líneas de actuación de la Consejería estarán orientadas por tres compromisos fundamentales: el sostenimiento de la red pública de servicios sociales, a través de la gestión municipal y autonómica, el impulso de las inversiones y el mantenimiento de las dotaciones profesionales en consonancia con los niveles de actividad y calidad requeridos. 

P.- En cuanto a la situación de las personas mayores en Castilla-La Mancha, que es uno de los colectivos en los que imagino que centrarán parte de sus esfuerzos, ¿qué necesidades cree que son más urgentes atender de este grupo?

R.- Las más de 475.000 personas mayores de 60 años que residen actualmente en Castilla-La Mancha representan casi una cuarta parte de su población y, de ellas, otra cuarta parte alcanza los 80 años. 

Su presencia pone suficientemente de manifiesto la importancia de reforzar y mantener las redes públicas de todo tipo de programas y recursos puestos a su disposición, fomentando el desarrollo de su atención en sus entornos más cercanos priorizando evitar situaciones de desarraigo. Considero preciso atender las necesidades especiales requeridas por personas incapacitadas judicialmente, el refuerzo de las estancias temporales en residencias, la facilitación del servicio de transporte adaptado en la atención de día y el derecho al acceso con sus cónyuges a las plazas residenciales cuando solo la persona que precisa el ingreso tiene reconocida oficialmente su situación de dependencia. 

También se hacen necesarias iniciativas de envejecimiento activo, el encuentro y cooperación intergeneracional, la participación social, la promoción de la autonomía personal y prevención de la dependencia y las prestaciones comunitarias de teleasistencia y de ayuda a domicilio, mejorando las condiciones de ingreso en los servicios más especializados de estancias diurnas y de atención temporal o indefinida en viviendas de mayores y residencias.

R.- Es triste que el Gobierno anterior reconociese que había 1.674 personas en lista de espera para ocupar una plaza en una residencia mientras tenía residencias finalizadas sin abrir. Este hecho es solo un ejemplo más de la ausencia de un sólido proyecto geriátrico residencial público.

Otros hechos de consecuencias semejantes, como la supresión de las ayudas al transporte, el aumento de los copagos en las actividades de los centros de día o la supresión de programas de atención domiciliaria, han provocado un progresivo empeoramiento de la autonomía personal y las condiciones de vida de nuestros mayores.

El nuevo Gobierno de Castilla-La Mancha, y la Consejería de Bienestar Social en particular, tienen el firme compromiso de trabajar desde la cercanía y la proximidad con todos y para todos en esta nueva etapa de rescate y recuperación de nuestro Estado de Bienestar.