Las asociaciones patronales más representativas del sector de atención a la dependencia expresan su profunda preocupación ante la tramitación parlamentaria del proyecto de Ley que contempla la reducción de la jornada máxima legal de trabajo. De aprobarse en los términos actuales, esta reforma tendrá un impacto muy negativo en un sector esencial que ya sufre una financiación insuficiente y enfrenta importantes retos en la captación y cualificación de profesionales.

En primer lugar, las patronales –FED (Federación Empresarial de la Dependencia); CEAPs (Círculo Empresarial de Atención a Personas); Grupo Social Lares; Aeste (Asociación de Empresas de Servicios para la Dependencia); y Asade (Asociación Estatal de Entidades de Servicios de Atención a Domicilio)– subrayan que una reforma de tal envergadura requiere “un análisis riguroso y detallado de sus efectos sobre el tejido productivo, especialmente en sectores como el de los cuidados, que prestan un servicio esencial a la sociedad”. Además, apuntan a que esta reforma debería llevarse a cabo “con el mayor consenso posible entre todos los agentes sociales”, con el fin de garantizar su viabilidad y responsabilidad. “A día de hoy, este consenso no existe”, denuncian en un comunicado estas entidades.

Uno de los principales desafíos del sector, apuntan, es la “grave escasez de profesionales cualificados”. La reducción de la jornada laboral, sin un plan de contingencia adecuado, agravaría aún más esta situación. “Al disminuir las horas disponibles por profesional, será necesario incorporar a más personas para mantener los mismos niveles de atención, lo que incrementa la ya existente dificultad para encontrar personal cualificado y, al mismo tiempo, genera un aumento de los costes”, explican. Actualmente, las entidades del sector ya enfrentan serias dificultades para incorporar y retener talento. “Esta medida, aunque pueda tener buena intención, ignora la realidad de un sector con importantes carencias estructurales y pone en riesgo la continuidad de los servicios que se prestan a personas en situación de dependencia”, añaden.

Según el documento Estimación de necesidades de trabajadoras de cuidados de larga duración a 2030 del Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, el Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia (SAAD) podría necesitar un total de 751.300 profesionales en 2030, de los que 261.400 serán incorporaciones adicionales (un 53% más que en la actualidad). Este escenario, ya de por sí exigente, se volverá insostenible con una jornada reducida sin los recursos adecuados.

Asimismo, la reducción de jornada conllevará, valoran las patronales, “un incremento inevitable de los costes del servicio”. El sector, altamente intensivo en personas, necesitará aumentar las plantillas para mantener la atención ininterrumpida requerida, “lo que supondrá una carga económica adicional inasumible, tanto para las familias usuarias de servicios privados, como para las entidades proveedoras que verán comprometidos sus márgenes y sostenibilidad económica. Esto podría derivar en una fragmentación de la atención, rotación constante del personal con la consiguiente pérdida de la confianza entre usuario y cuidador, pudiendo afectar negativamente a la experiencia de las personas atendidas”.

En cuanto al impacto sobre las personas trabajadoras, consideran que la reducción de jornada tampoco garantiza mejoras. “La actividad que hoy realiza una persona podría verse repartida entre dos, dificultando las contrataciones por periodos reducidos y favoreciendo la parcialidad”, exponen.

También es fundamental recordar que buena parte del sector opera bajo fórmulas de gestión indirecta en el ámbito público. La actual Ley de Desindexación impide actualizar los precios de los contratos durante su vigencia, lo que impide reflejar los nuevos costes derivados de la medida. Esta rigidez normativa amenaza la viabilidad económica de muchas entidades y servicios.

Por último, las patronales destacan que la regulación de la jornada laboral es una materia de negociación colectiva. “Imponer condiciones por vía legislativa vulnera dicho principio, generando tensiones en la interlocución social y dificultando los acuerdos en un sector que ya cuenta con numerosas particularidades”, advierten.

Por todo ello, las patronales del sector de atención a la dependencia instan a las autoridades competentes a reconsiderar la aprobación de esta reforma sin un diálogo previo y sin tener en cuenta las necesidades específicas del sector. Así, solicitan la apertura de un proceso real de consulta con los agentes sociales, las patronales y todos los grupos parlamentarios, así como la inclusión de un periodo de transición razonable y de la flexibilidad necesaria para adaptar los tiempos de trabajo a las particularidades del sector. Solo así, concluyen las entidades, “será posible garantizar la sostenibilidad de los servicios de atención a la dependencia y proteger tanto a las personas atendidas como a las entidades que los prestan”.