El Gobierno de Cantabria destinará el año que viene dos de cada tres euros a gasto social, que incluye el gasto en sanidad, educación, servicios sociales, fomento del empleo, acceso a la vivienda y cultura. Estas áreas se llevan casi 1.900 millones del total de 2.885 millones del presupuesto regional para 2020, que sube un 1,2% con respecto al de 2019, 35 millones más, y alcanza su récord histórico.

Además, el documento contempla una reducción de la deuda pública de 35 millones de euros y bonificaciones en el IRPF por nacimiento y adopción de hijos y para residentes en las zonas rurales con riesgo de despoblamiento.

Estas son las líneas maestras del proyecto de ley que aprobó el Consejo de Gobierno en sesión extraordinaria y que, posteriormente, presentó la consejera de Economía y Hacienda, María Sánchez, después de registrarlo en el Parlamento autonómico, donde ahora comienza una tramitación que culminará el 1 de enero con su entrada en vigor.

Sánchez, que estuvo acompañada por los directores generales de Tesorería y Presupuestos, María Eugenia Gutiérrez, y de Economía, César Aja, definió el presupuesto como "realista y prudente" en la previsión de ingresos, "responsable" en el cumplimiento de los objetivos de estabilidad, comprometido con el bienestar social, porque "blinda" los servicios públicos de sanidad, educación y dependencia, y "ambicioso", porque impulsa el cambio de modelo productivo para "crecer más y mejor".

"Se ha confeccionado un presupuesto para afrontar los retos del presente con una mayor inversión pública, consolidando el apoyo a los servicios básicos que permiten mejorar y ampliar el bienestar de todos los cántabros y cántabras, atendiendo sus necesidades y estableciendo una senda de crecimiento sólida para el futuro", dijo la consejera, y todo ello con el objetivo de consolidar las mejoras en educación y sanidad de la legislatura anterior, dar un nuevo impulso al sistema de dependencia, dotar a Cantabria de una fiscalidad "más justa" y luchar contra el fraude fiscal.

Según explicó Sánchez, las partidas destinadas a gasto social suben casi 77 millones de euros, de los cuales 47,8 van dirigidos a sanidad, que representa más del 30% del presupuesto total con 922 millones. La segunda gran área de gasto es la educación, que tiene una consignación de 579 millones, que sube más de 20 millones. La tercera son los servicios sociales, que contarán el año que viene con un presupuesto de 244 millones, lo que significa 7,4 millones más que en 2019.

El presupuesto no financiero aumenta en 82 millones, debido al incremento en más de un 6% de los gastos de personal para afrontar la subida de sueldo de los empleados públicos, con excepción de los altos cargos, y la subida de los gastos corrientes para atender el creciente gasto farmacéutico. También se incrementan las trasferencias corrientes para sufragar el sistema de dependencia, mientras que a inversiones reales se destinan 162 millones de euros.