La Federación de Pensionistas y Jubilados y Jubiladas de CC OO acaba de presentar, un año más, el Observatorio Social de las Personas Mayores, un instrumento útil y necesario que analiza anualmente las condiciones sociales y materiales de este sector cada vez más importante de nuestra sociedad. “Hoy hablamos de una herramienta de trabajo muy interesante y completa que nos ofrece la excelente labor, por un lado, de reivindicación, difusión y sensibilización de la Federación de Pensionistas y Jubilados de CC OO; y, por otro, de elaboración e investigación de la Fundación 1ª de Mayo y el equipo confederal”, según Carlos Bravo, secretario confederal de Políticas Públicas y Protección Social de CC OO.

Mejorar las condiciones en las que envejece la población con el objetivo no sólo de aumentar la esperanza de vida sino, ante todo, la expectativa de años vividos con buena salud, requiere una mirada global sobre los elementos que inciden en la salud de las personas. “La calidad de vida en el envejecimiento está condicionada por múltiples factores ligados a recursos dignos, sistemas de atención adecuados, entornos saludables y recursos para mantener vidas activas física y socialmente”, apuntó Juan Sepúlveda, secretario general de la Federación de Pensionistas, Jubilados y Jubiladas de CC OO. En su opinión, las políticas públicas cumplen un papel crucial, “asegurando el bienestar de la población y la igualdad de oportunidades para disfrutar vidas y envejecimientos sanos y activos socialmente”.

En el documento se observa como la población mayor es cada vez más numerosa y cada vez vive más años y se analizan los servicios sociales como elementos esenciales para lograr envejecer en condiciones saludables y de autonomía personal. El estudio aborda las diferencias territoriales existentes así como la cobertura de servicios y recursos destinados para las personas mayores. Y se estructura en los siguientes apartados: la situación de la población mayor, el sistema público de pensiones, el sistema de atención a la dependencia, el sistema nacional de salud, así como las condiciones de vida de la población mayor.

Los mecanismos de equilibrio intergeneracional para transferir recursos entre unas generaciones y otras se hace cada vez más necesario para cubrir las necesidades de las personas a lo largo de todo el ciclo vital. Para Bravo, “los servicios y prestaciones públicas como pensiones, desempleo, educación o sanidad son transferencias de cuidados, de formación o de renta entre distintas generaciones que han de reequilibrarse y adaptarse a la nueva composición demográfica para poder cubrir las necesidades sociales de la población de manera integradora”. En opinión del sindicalista, quienes plantean reducciones de las coberturas en el sector de las personas mayores, “lo que pretenden es reducir gasto público para justificar discursos de justificación de reducción de cotizaciones sociales y de impuestos y tener una política en la que la gente se procure sus servicios como pueda”.

Así las cosas, ante la longevidad, gana protagonismo el reto de que los años vividos sean de mejor calidad, libres de enfermedad, de discapacidad y manteniendo el mayor nivel de autonomía posible. “Para ello, los avances en la prevención de la enfermedad, las mejoras en las condiciones de vida y trabajo a lo largo de la vida son cruciales, pero también la generación de entornos físicos y sociales que permitan y promuevan vidas activas en la vejez acompañando la pérdida progresiva de facultades”, según Jesús Cruces, coordinador del informe por parte de la Fundación 1º de Mayo. En su opinión, un ejemplo de ese trabajo y esa mejora de las servicios y coberturas, “es el aumento de pensiones mínimas y no contributivas entre el 6% y el 9% en los últimos años; aunque quede mucho margen de mejora, como demuestra, por otra parte, que hoy aún engrosen las lista de espera en dependencia 250.000 personas”.

Para CC OO, la transición demográfica sin precedentes que se está viviendo obliga, según el secretario confederal de Protección Social, “a afrontar el gran reto de rediseñar los mecanismos públicos de bienestar sobre un necesario refuerzo del principio de solidaridad”. De este modo, el sistema debe seguir mitigando las desigualdades provocadas por las trayectorias laborales desiguales que encierran recorridos de injusto reparto de los recursos, “para avanzar en una mayor igualdad en las condiciones de vida en las últimas décadas de vida de las personas”.

Dada su reciente publicación hace escasos días, por lo que no ha podido ser objeto de análisis en este estudio, Bravo ha analizado los informes de la AIReF sobre regla de gasto en pensiones y sostenibilidad, afirmando que, “avala, en esta primera evaluación trienal, el cumplimiento de de las proyecciones que utilizamos en la negociación de los sucesivos acuerdos en materia de pensiones, alcanzados entre 2021 y 2024, para la evolución de ingresos y gastos en el periodo 2022 y 2050. Las reacciones que enfatizan que se cumplen los parámetros acordados por los pelos son la expresión de los deseos de algunos analistas que les lleva con frecuencia a construir la realidad según sus propias inclinaciones”.

Para Bravo, el informe de la AIRef es riguroso y, si peca de algo, es de exceso de prudencia, por distintos motivos: no incluir la evaluación de la disminución notable de la jubilación anticipada involuntaria, consecuencia del escudo social construido en los últimos años; no evaluar plenamente la importancia del incremento de la jubilación demorada voluntaria; reducir el impacto estimado del tránsito hacia la cotización por ingresos reales en el RETA; no valorar el impacto que tiene sobre el empleo y su calidad la reforma laboral; o, finalmente no incluir la totalidad de las transferencias acordadas y previstas en la Ley del Tesoro a la Seguridad Social para compensar las políticas públicas que, con un fin distinto al pago de prestaciones económicas, soporta la Seguridad Social (políticas de empleo, de apoyo sectorial de igualdad e integración laboral,…). “Tres de cada cuatro euros de la Seguridad Social se continúan financiando con cotizaciones sociales, como decía el Pacto de Toledo. El 25% restante con transferencias presupuestarias que están regladas y pactadas. En términos de déficit de la Seguridad Social esas transferencias se tienen que computar en su totalidad”.

En relación con la transición demográfica, Bravo ha resaltado la importancia creciente de los mecanismos de atención y equilibrio intergeneracional para atender las situaciones de necesidad desde las edades más tempranas hasta la vejez. Así, ha destacado que “la esperanza de vida tiene diferencias relevantes por género, nivel económico, educativo y lugar de residencia” y ha reivindicado “políticas públicas con visión integral, singularmente: políticas sociosanitarias, sociales y económicas para la vejez, al tiempo que se potencian y desarrollan políticas educativas, de formación y cualificación profesional, de conciliación, de apoyo a la familia y a la emancipación temprana, así como de acceso a la vivienda y políticas activas de empleo para la población más joven”.

El informe analiza también la situación de la sanidad y las condiciones de vida de la población mayor, abordando fenómenos como la soledad no deseada, la transición digital, la salud mental, entre otros.

Por otro lado, el sistema de atención a la dependencia ha vivido un reciente impulso con las medidas lanzadas por el Plan de Choque, “aunque aún se enfrenta a retos como la reducción de los tiempos de espera para hacer efectivo el derecho, el refuerzo de los servicios (atención domiciliaria, centros de día, residencias) con prestaciones económicas como complemento y la mejora de las condiciones laborales en un sector altamente feminizado, asegurando estabilidad y calidad en el empleo para las personas trabajadoras”, apunta Bravo.

Como quiera que la solidaridad se erige como un principio fundamental en el diseño de políticas públicas que contribuyan a mejorar la calidad de vida desde la infancia hasta la vejez, en opinión de Bravo y bajo un enfoque holístico, “solo mediante un enfoque integral y coordinado se podrá asegurar que las generaciones futuras envejezcan en condiciones dignas y saludables”.