El Grupo de Trabajo Interministerial avanza en la elaboración de la Estrategia Estatal de Cuidados, tal y como acaban de informar el secretario de Estado de Derechos Sociales, Nacho Álvarez, y la secretaria de Estado de Igualdad y contra la Violencia de Género, Ángela Rodríguez.

“Esta estrategia estatal de cuidados tiene que dar lugar a un pacto estatal de cuidados que sea ese paraguas que nos permita desplegar una serie de medidas que den coherencia y consistencia a las distintas actuaciones que las Administraciones públicas venimos desarrollando en el ámbito de los cuidados", expuso Álvarez.

En particular, señaló el secretario de Estado, “hay algunas medidas muy relevantes, como es la inversión prevista en los PGE de 2023 de más de 4.500 millones de euros en el ámbito de la dependencia y los cuidados de larga duración”. Además de esta financiación, “este ámbito requerirá –continuó Álvarez– de un cambio de modelo residencial, del despliegue de la teleasistencia… Desde nuestro punto de vista, no hay excusas que valgan por parte de las comunidades o las patronales del sector para desplegar estos nuevos modelos de residencias y teleasistencia”.

Según lo expuesto por ambos ministerios, tras la fase de 'Identificación de los retos estratégicos y actuaciones prioritarias', que se desarrolla este mes de octubre, llegará una segunda fase de 'Definición de la Estrategia Estatal de Cuidados' –que está previsto que culmine en enero de 2023–. Finalmente, y tras el envío pertinente del borrador al Consejo Territorial de Servicios Sociales y del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia y la Conferencia Sectorial de Igualdad, está previsto su aprobación en el Consejo de Ministros del 7 de marzo de 2023 –la presentación pública se realizaría el 15 de ese mismo mes y, ya a finales de marzo, se elevará su presentación al Parlamento Europeo–.

El documento recoge, en su planteamiento preliminar, que "acabar con la desigualdad en el reparto de los cuidados debe ser un objetivo prioritario". La estrategia insiste, de esta manera, que la OIT ha recomendado implementar políticas públicas que asignen recursos para reconocer, reducir y redistribuir la prestación de cuidados no remunerada en forma de dinero, servicios y tiempo. "Estas políticas son transformadoras para avanzar hacia nuestro objetivo de impulsar el derecho a cuidar y ser cuidado. Y pueden dar resultados enormemente positivos en términos económicos y en lo que respecta a la salud y la igualdad de género, conduciendo a unos mejores resultados para niñas y niños, el empleo de sus madres y la prestación de cuidados de sus padres, así como para las personas mayores y las personas con discapacidades", se recoge en el documento.

Por eso, señalan desde el Grupo de Trabajo Interministerial, "fortalecer y ampliar todos estos servicios, que se revelaron esenciales, debe ser una prioridad de nuestro país. Un fortalecimiento que no solo consiste en reparar los daños ocasionados por la pandemia, sino que debe impulsar un auténtico cambio en el modelo que asuma la modernización de los servicios sociales, el reconocimiento y apoyo a la diversidad de familias y la corresponsabilidad de las Administraciones públicas". Este es el objetivo final de la Estrategia Estatal de Cuidados: definir los desafíos, los objetivos y las políticas que deben ponerse en marcha para hacer efectivo el derecho a recibir cuidados y a cuidar en condiciones dignas. 

En septiembre de 2021 se constituyó la Mesa Asesora por los Cuidados, impulsada por el Ministerio de Igualdad y con la participación de los Ministerios de Derechos Sociales y Agenda 2030, Trabajo y Economía Social, Inclusión Social y Educación, así como de la FEMP y de las comunidades autónomas, siendo esta la primera mesa en la que se sientan a dialogar todos los departamentos ministeriales e instituciones con competencia en el ámbito del derecho al cuidado. Un espacio de participación institucional y ciudadana en el que participan 76 entidades sociales y sindicales, expertas procedentes del ámbito académico, del tercer sector, del movimiento feminista y del ámbito internacional, que ha iniciado a través de sus sesiones plenarias y grupos de trabajo un proceso de reflexión colectiva, que, a partir de este otoño, además contará con las contribuciones de los Foros de Deliberación Pública. "La participación de las organizaciones y colectivos sociales vinculados a la infancia, los servicios sociales y la dependencia, enriquecerá y favorecerá una mirada integral de los cuidados, pudiendo de esta formar culminar con la elaboración de un documento de bases que sintetice las aportaciones de la sociedad civil a la futura estrategia estatal de cuidados", se recoge en la estrategia.

Para alcanzar este objetivo, la hoja de ruta marcada por los ministerios se dirige a que "España continúe su senda de liderazgo en Europa en derechos feministas y se coloque a la vanguardia en materia de cuidados a través de los cambios que se están implementado desde esta perspectiva".

"La consolidación del derecho al cuidado debe ser reconocido como un derecho humano", resume el documento. En los últimos años, el reconocimiento del cuidado como derecho humano, a partir de los procesos de definición de políticas públicas, ha dado importantes pasos. Por esta razón, desde el enfoque de derechos humanos, que establece tres vértices —las personas, como titulares de derechos; los Estados, como titulares de obligaciones; y las empresas, como titulares de responsabilidades—, se pueden establecer los bloques de obligaciones y responsabilidades de nuestro marco estratégico. En conclusión, debemos avanzar hacia un nuevo modelo de cuidados de larga duración enfocado a asegurar una atención centrada en la persona.