La consellera de Servicios Sociales y Cooperación, Fina Santiago informó recientemente, junto con el vicepresidente del Gobierno, Biel Barceló, que ha denunciado el convenio con el Imserso para gestionar las pensiones no contributivas, por la insuficiente financiación que recibe la comunidad autónoma por este concepto. Se trata de una competencia del Estado pero que gestiona la Comunidad Autónoma con personal de la Conselleria de Servicios Sociales y Cooperación desde hace más de 20 años.
Según el convenio, el Imserso tiene que transferir cada año la cuantía correspondiente al gasto de esta gestión, cosa que se ha ido incumpliendo en los últimos cuatro años.


Para gestionar las PNC en Baleares, el Govern destina más de 900.000 euros anuales (750.000 en gastos del personal), concepto por el cual el gobierno central ha transferido 3.800 euros. Una cuantía que el vicepresidente del Govern Biel Barceló calificó de "ridícula", porque si el coste para la comunidad autónoma es de casi un millón de euros, "no podemos permitir que se rían de nosotros, que es lo que dice el Estado". Asimismo,  Barceló añadió que "no dejaremos pasar ni una", en relación a la deficiente financiación por parte del gobierno central.


Ante esta situación, expresada y comunicada, tanto al ministro de Salud, Servicios Sociales e Igualdad como al director general del Imserso, la consellera señaló que se ha denunciado el convenio y que "si no hay un proceso de negociación con el estado, el día 13 de mayo se dejarán de gestionar las PNC". Según Fina Santiago, la Conselleria quiere seguir gestionando las pensiones no contributivas, "pero no las queremos gestionar gratuitamente". Santiago apuntó que el cambio de la gestión de las PNC no afectará a los ciudadanos y que la única diferencia será que en lugar de ir a dirección general de Dependencia tendrán que ir a la Administración Periférica que depende del Estado.


El vicepresidente del Govern, Biel Barceló, señaló que este "es un nuevo caso clarísimo de maltrato por parte del estado hacia las Illes Balears" y destacó que "el Govern tiene la obligación de defender los intereses de las Illes Balears y no nos podemos conformar con las pizcas". "Nosotros somos aportadores al sistema de financiación, y cualquiera de estas situaciones se añaden al agravio que sufrimos en las Islas Baleares", puntualizó el vicepresidente del Gobierno.


La consellera, además, reclama al Imserso el pago de 1,28 millones de euros, equivaliendo a lo que ha dejado de pagar al Gobierno por este concepto desde el año 2011.

 Para gestionar las pensiones no contributivas, el Govern de las Illes Balears a través de la Conselleria de Servicios Sociales, está destinando a 25 trabajadores, que tramitan 3.200 pensiones no contributivas de invalidez y 4.500 de jubilación, por un valor superior a los 42 millones de euros anuales.