viernes, 15 noviembre 2024
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El Gobierno se reúne para analizar el diseño de la Tarjeta Social Universal

El impulso de este sistema es un mandato de la Conferencia de Presidentes de enero de 2017
La vicepresidenta del Gobierno y ministra de Administraciones Públicas, Soraya Sáenz de Santamaría; el ministro de Hacienda y Función Pública, Cristóbal Montoro;  la ministra de Empleo y Seguridad Social, Fátima Báñez; el ministro de Energía, Turismo y Agenda Digital, Álvaro Nadal, y la ministra de Sanidad, Asuntos Sociales e Igualdad, Dolors Montserrat, se reunieron para analizar los avances en el diseño de la Tarjeta Social Universal.

El impulso de la Tarjeta Social Universal es un mandato de la Conferencia de Presidentes de enero de 2017. Para su desarrollo, en abril se constituyó un grupo de trabajo compuesto por representantes de la Administración General del Estado, de las comunidades autónomas y las ciudades con Estatuto. En este sentido, la Junta de Gobierno de la Federación Española de Municipios y Provincias (Femp) del pasado 30 de enero aprobó por unanimidad el apoyo al proyecto.

Por otro lado, la Tarjeta Social Universal también está siendo analizada en una de las mesas de diálogo social entre el Gobierno y los agentes sociales. El sistema incluirá todas las prestaciones de contenido económico gestionadas por órganos y organismos de la Administración General del Estado, comunidades autónomas y entidades locales. Además, se incorporarán las situaciones subjetivas de los beneficiarios, entre otras, las familias numerosas, las personas con discapacidad, la condición de trabajador autónomo o jóvenes inscritos en la garantía juvenil. De esta forma, la Tarjeta Social Universal permitirá acreditar su situación antes las Administraciones Públicas o ante terceros para ser beneficiarios de políticas sociales.

Esta tarjeta ofrecerá a las Administraciones públicas encargadas de diseñar las políticas sociales un mapa de prestaciones y una herramienta de análisis estadístico que les va a permitir detectar con precisión las situaciones que requieren actuaciones públicas, mejorando la coordinación entre las políticas de empleo y las políticas sociales. Asimismo, permitirá ampliar los mecanismos de participación, a través de un sistema abierto que permita sumar programas también del tercer sector y entidades públicas y privadas a través de la responsabilidad social corporativa.

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