El Gobierno de Asturias blinda el apoyo a los ayuntamientos a través del plan concertado de servicios sociales, dotado con 45 millones. La consejera de Derechos Sociales y Bienestar, Melania Álvarez, ha señalado hoy en la Junta General que una de las figuras claves en el momento de transformación que atraviesa el sistema asturiano de servicios sociales son los municipios, por lo que la aportación que reciben a través de este plan ha subido un 38% respecto a 2019, cuando su presupuesto se situaba en 28 millones. 

Álvarez ha destacado que los ayuntamientos son la administración más cercana a la ciudadanía, por lo que el Principado ha incrementado un 5% anual los fondos para el plan concertado, a lo que se suma también el refuerzo de las prestaciones vitales, hasta alcanzar los 45 millones de financiación.

La titular de Derechos Sociales ha dado cuenta en el Parlamento sobre algunas de las prioridades de su departamento, entre ellas, el plan de choque para la atención a la dependencia, que ha permitido reducir las listas de espera en este ámbito. A su juicio, los resultados de esta medida son “muy positivos”, dado que no sólo ha mejorado la gestión del sistema, sino que ha permitido también incrementar en más de 2.000 el número de prestaciones ofrecidas. “El Gobierno de Asturias ha destinado más de 1.000 millones a una iniciativa que repercute directamente en la calidad de vida de las personas, tanto de usuarios del sistema de atención como de sus familias”, ha precisado Álvarez. 

Durante su intervención en la Junta General, también se ha referido a las políticas de inclusión social. En este sentido, ha señalado que a lo largo de la legislatura el Principado ha incrementado de forma continua la financiación destinada a las entidades del tercer sector, al pasar de los 1.923.461 euros de 2019 a los 3.251.660 de este año, lo que supone un incremento de casi un 40%. “Nuestro objetivo es seguir avanzando hacia el reto de lograr la plena inclusión”, ha precisado la consejera. 

La mejora de las políticas sociales y de su gestión se traduce, según Álvarez, en que más del 50% de la tramitación electrónica de la Administración autonómica se realiza en la Consejería de Derechos Sociales y Bienestar.