El Consejo de Ministros ha aprobado un decreto ley presentado por Pablo Bustinduy y elaborado desde el ministerio que dirige, Derechos Sociales, que supondrá la movilización de 500 millones de euros para el desarrollo integral de la Ley ELA (Ley 3/2024) y para reforzar el Sistema de Autonomía y Atención a la Dependencia (SAAD).

A través de esta partida económica y de la propia norma, este sistema se adapta a las especificidades de las personas con esclerosis lateral amiotrófica u otras enfermedades de alta complejidad y curso irreversible, a la vez que se garantiza la financiación necesaria para ello. Y se da cumplimiento al desarrollo normativo de la Ley ELA, en tiempo y forma según lo que marca el propio texto legislativo, esto es, antes de cumplirse un año de la publicación de esta ley en el BOE. De esta forma, este decreto ley introduce cambios en el SAAD para ofrecer a las personas con ELA la cobertura que necesitan.

Además de la movilización de los 500 millones de euros, se incorpora un nuevo grado de dependencia extrema, el Grado III+, para garantizar la protección a las personas con enfermedades neurológicas que requieren cuidados de alta complejidad. De esta forma, se ofrecerá una atención personalizada a aquellas personas que estén diagnosticadas con ELA y otras enfermedades complejas e irreversibles que estén en fase avanzada, incluyendo la atención 24 horas, una de las principales reivindicaciones de estas personas y sus familias.

De forma específica, las personas con ELA y otras enfermedades neurológicas graves en fase avanzada tendrán garantizada esa atención 24 horas, creando el derecho a una prestación de hasta 10.000 euros por paciente (9.860 euros), que estará financiada en un 50% por el Gobierno de España, teniendo que ser complementada el 50% restante por el gobierno de la comunidad autónoma en la que resida el paciente. Con esta prestación, se ofrecerá la ayuda que requieren estas personas para cuestiones tan básicas como respirar o comer, siendo apoyos imprescindibles sin los cuales habría un riesgo de muerte.

Estos casi 10.000 euros garantizados para cada paciente en fase avanzada se han calculado teniendo en cuenta que estos cuidados requieren cinco profesionales por persona. De esta forma, y a nivel anual, para cada paciente se garantiza una inversión salarial de 118.423 euros en 14 pagas. En base a ello, y ajustando esta cifra a los 12 meses del año en los que las personas beneficiarias percibirán las prestaciones, se garantiza que la aportación por paciente será de hasta 9.868,60 euros al mes, de los cuales, la mitad la asumirá la Administración General del Estado, es decir, 4.930 euros al mes.

“La Ley ELA y su despliegue demuestran que en la política se pueden llegar a consensos que mejoran la vida de miles de personas afectadas, y que nos hacen mejores como país”, ha declarado Bustinduy en rueda de prensa desde Moncloa, donde ha presentado ante los medios los detalles de este decreto ley. El ministro ha querido así reivindicar que “la política no es solo un enfrentamiento infructuoso” y ha asegurado que esta normativa “honra” a nuestro Estado social y a la labor de los poderes públicos para “garantizar el mayor bienestar posible a toda la ciudadanía, sean cuales sean sus características de partida, y en condiciones de igualdad”.

El ministro Bustinduy ha reivindicado también que con este decreto ley “avanzamos en el cambio del modelo de cuidados que venimos impulsando desde Derechos Sociales hacia un sistema más personalizado y cercano, que responda a las necesidades de cada persona”, como ocurre con la atención 24 horas que recibirán las personas con enfermedades complejas e irreversibles en fase avanzada. Así, con estos 500 millones de euros y este desarrollo normativo, “el Sistema de Autonomía y Atención a la Dependencia será capaz de adaptarse a la realidad social de las personas, y no al revés”, ha recalcado, poniendo en valor que se va a garantizar “una atención cercana y comunitaria, que cuide a las personas en función de sus necesidades y deseos y que ofrezca condiciones dignas a las personas que proveen esos cuidados”.

Respecto a la financiación del SAAD, Bustinduy ha subrayado que con estos 500 millones de euros adicionales, la inversión en Dependencia por parte del Gobierno de España ha alcanzado este año una cifra récord de 3.729 millones de euros en total. Un dato al que debe sumarse, ha dicho, los más de 800 millones de euros (809.333.055,79 euros) que el Ministerio de Derechos Sociales ha transferido en esta legislatura a los gobiernos autonómicos procedentes de los fondos europeos. En concreto de los componentes 322 y 323 del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, para que los ejecutivos de las comunidades autónomas, que son lo que tienen la competencia exclusiva de ofrecer los servicios de atención a la dependencia, puedan invertir en teleasistencia, plazas residenciales, plazas no residenciales y centros de día.

Bustinduy ha querido destacar, asimismo, los esfuerzos que lleva realizando el Gobierno de coalición desde el año 2020 “para revertir los intensos recortes en dependencia que sufrió el sistema en la década pasada”, y ha asegurado que el Plan de Choque que ha llevado a cabo el ejecutivo central en los últimos años ha permitido mejorar las prestaciones que requieren las personas dependientes, “a pesar de la infrafinanciación que heredamos”, recordando que el Gobierno de Mariano Rajoy suprimió en 2012 uno de los dos niveles en los que se divide la aportación de la Administración General del Estado al SAAD, el nivel acordado. Este nivel fue recuperado por el Gobierno de Coalición y ha posibilitado que, junto al nivel mínimo, la aportación estatal a la Dependencia sea actualmente la mayor de la historia. “Con estos 500 millones de euros que aprobamos hoy se consolidará, además, un aumento interanual del 7,2% y un aumento del 15% respecto a lo presupuestado en 2023”, ha subrayado el ministro durante la presentación de este decreto ley.