El Consejo de Gobierno ha aprobado la creación de la Comisión Permanente de Diálogo con la Mesa del Tercer Sector de Andalucía, que reforzará la interlocución con las entidades privadas sin ánimo de lucro de este foro, dedicadas a la defensa de los derechos sociales y a la lucha contra la pobreza y la exclusión social.
Actualmente, más de 45.000 trabajadores y 150.000 personas voluntarias integran el denominado Tercer Sector en la comunidad autónoma, con una actividad que beneficia a 1,8 millones de personas. Desde que comenzó la crisis, su papel ha sido decisivo en la ayuda a los colectivos más vulnerables, en la canalización de la solidaridad de la población andaluza y en el desarrollo de las propias políticas sociales de la Junta.
La colaboración de las organizaciones sociales ha sido especialmente destacada en las iniciativas autonómicas de choque desplegadas para paliar los efectos de la crisis económica, como el Programa de Ayuda a la Contratación, el Plan Extraordinario de Solidaridad y Garantía Alimentaria, el de Suministros Mínimos Vitales y Prestaciones de Urgencia Social o el Programa de Solidaridad, entre otros. Estas medidas permiten una media anual de 25.000 contratos, tres comidas diarias para 28.000 menores y ayudas económicas familiares para 22.500 hogares, entre otros beneficios.
La Mesa del Tercer Sector de Andalucía, constituida en 2012, está integrada, entre otras organizaciones, por la Red Andaluza de Lucha contra la Pobreza y la Exclusión Social (EAPN-A); el Comité de Entidades Representantes de Personas con Discapacidad en Andalucía (Cermi-Andalucía); la Plataforma Andaluza de Voluntariado; Cáritas Regional de Andalucía; Cruz Roja Española en Andalucía y la Organización Nacional de Ciegos Españoles (ONCE) en Andalucía. La nueva comisión reforzará la colaboración de estas entidades con la Administración autonómica, en el marco de la Estrategia Europa 2020, que recomienda potenciar el diálogo entre las instituciones y la sociedad civil.
En total son 1.672 las organizaciones sin ánimo de lucro representadas. De ellas, 1.225 son de la plataforma de discapacidad, 400 de voluntariado y 47 de la Red Andaluza de Lucha contra la Pobreza.
De acuerdo con el decreto aprobado por el Consejo de Gobierno, la Comisión Permanente de Diálogo estará presidida por la persona titular de la consejería competente en políticas sociales e integrada por 12 vocales. De estos, seis serán representantes de la Junta y otros seis de la Mesa del Tercer Sector.
La composición se completa con una secretaría, que desempeñará una persona funcionaria con formación especializada en materia de igualdad de oportunidades o de género, que actuará con voz pero sin voto. Asimismo, dependiendo de los temas que se traten, podrán participar en las sesiones personas expertas designadas por su especial cualificación o experiencia.
En cuanto a las funciones del nuevo órgano, destacan las de plantear y debatir iniciativas, especialmente en la lucha contra la pobreza y la exclusión, e impulsar medidas para reforzar la cohesión social en Andalucía. Además, la Comisión deberá ser informada de los proyectos normativos, planes e iniciativas de política social promovidos por la Junta; analizar los estudios que desarrolle la Administración autonómica, y formular declaraciones conjuntas sobre asuntos de especial relevancia que requieran de una amplia difusión social.