El Gobierno activa un plan para la recuperación de las zonas afectadas por la DANA
El Consejo de Ministros ha aprobado Real Decreto-ley por el que se adoptan medidas urgentes de respuesta ante los daños causados por la Depresión Aislada en Niveles Altos (DANA) en diferentes municipios entre el 28 de octubre y el 4 de noviembre de 2024.
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha comparecido en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros para exponer estas primeras iniciativas de respuesta rápida, a las que se sumarán todas las que sean necesarias para reconstruir las zonas afectadas y relanzar el territorio.
Sánchez ha reiterado que, desde el primer momento, el Ejecutivo está trabajando en cuatro ámbitos prioritarios: salvar vidas, recuperar el cuerpo de los fallecidos con la prontitud y la dignidad que merecen, garantizar la seguridad en las calles y restablecer los suministros y los servicios de las zonas afectadas.
Tras repasar los avances logrados en las últimas 72 horas en estos ámbitos, el jefe del Ejecutivo ha insistido en que hay que “seguir trabajando sin distracciones, con más medios, más coordinación y mayor esfuerzo hasta que la normalidad haya vuelto a todos los municipios y a todos los hogares golpeados por esta tragedia”.
El Gobierno ha acordado declarar los territorios afectados como “Zona Afectada Gravemente por una Emergencia de Protección Civil” (la tradicionalmente denominada declaración de zona catastrófica). La declaración facilita la aprobación de ayudas extraordinarias para paliar daños personales, materiales, mercantiles y de servicios, ayudas a personas físicas o jurídicas y a corporaciones locales, así como otras ayudas para reparar infraestructuras, fiscales, laborales y de Seguridad Social.
Las medidas recogidas en este Plan de Respuesta Inmediata, Reconstrucción y Relanzamiento están dirigidas tanto a los municipios valencianos como a los de otras provincias afectadas por la DANA, según ha remarcado el presidente. El plan consta de tres fases: respuesta inmediata y urgente ante la catástrofe, reconstrucción de las zonas afectadas y relanzamiento, lo que implicar su transformación para adaptar el territorio a la emergencia climática que está afectando al mar Mediterráneo.
Entre las actuaciones de respuesta inmediata, el presidente ha destacado que el Gobierno activará ayudas directas a los ciudadanos y a las empresas afectadas, al igual que hizo durante la pandemia, “con el menor papeleo y con la mayor celeridad y agilidad posible”.
El Real Decreto-ley de medidas urgentes cuadruplica las ayudas previstas en la normativa vigente para atender a las necesidades derivadas de situaciones de emergencia o catástrofes y estas ayudas serán universales. El Ejecutivo transferirá hasta 72.000 euros en casos de incapacidad, entre 20.000 y 60.000 para reparar viviendas, hasta 10.300 para cambiar muebles, electrodomésticos o enseres, y hasta 37.000 para arreglar elementos de las comunidades de vecinos como, por ejemplo, los portales o los ascensores.
Por otra parte, el Ejecutivo transferirá ayudas directas para las pequeñas y medianas empresas y para los trabajadores autónomos con domicilio fiscal en las zonas afectadas por la DANA por un valor de 838 millones de euros. Los autónomos recibirán 5.000 euros de ayuda y las empresas entre los 10.000 y los 150.000, en función de su volumen de operaciones. La medida beneficiará a 65.000 autónomos y unas 30.000 empresas, que estarán exentas de tributación en el IRPF y en el Impuesto Sobre Sociedades.
Sánchez ha afirmado que los beneficiarios solo tendrán que indicar su número de cuenta bancaria y empezarán a cobrar estas ayudas en menos de 30 días.
Además, se crea la figura de la incapacidad temporal extraordinaria para todos los trabajadores con daños físicos y psicológicos provocados por la tragedia, a los que se garantizará el cobro del 75% de su salario desde el primer día de incapacidad.
Los autónomos con negocios afectados podrán solicitar una prestación por cese de actividad que corresponderá al 70% de su base de cotización, aunque no hayan cumplido los 12 meses mínimos exigidos por ley para acceder a ella.
A los perceptores del Ingreso Mínimo Vital o de alguna prestación no contributiva que hayan sido afectados por la DANA, se les abonará un complemento adicional del 15% durante al menos tres meses.
El presidente del Gobierno ha anunciado que el Consorcio de Compensación de Seguros comenzará a abonar mañana las primeras indemnizaciones a aquellas familias y empresas que han perdido su vehículo, que serán un 20% superiores al valor de tasación de cada vehículo. “Somos conscientes de que para muchas familias y para muchos trabajadores autónomos y pymes contar con un coche es esencial para recuperar su normalidad. Y por eso, los equipos han estado trabajando contrarreloj para empezar a transferir estas partidas en un tiempo récord, siete días”, ha dicho.
LÍNEAS DE AVALES DANA
Con el objetivo de complementar estas ayudas, el Consejo de Ministros ha aprobado la creación de una línea de avales DANA por valor de 5.000 millones de euros, similar a la impulsada durante la pandemia.
Esta línea permitirá a las pequeñas y medianas empresas, a los autónomos, a la economía social y, como novedad, a los hogares acceder a través de su banco a créditos con la garantía del Gobierno y en condiciones muy favorables.
Otro conjunto de medidas se encamina a reforzar los recursos financieros y humanos de los ayuntamientos, cuya labor ha valorado Sánchez. “Queremos que los alcaldes y las alcaldesas de todos los signos políticos puedan dar el mejor servicio posible a la ciudadanía en estas circunstancias tan difíciles y empezar cuantos antes las tareas de reconstrucción”, ha señalado.
Con ese fin, el Ejecutivo va a pagar el 100% de los gastos de emergencia de los ayuntamientos, incluyendo todas las acciones relacionadas con la retirada del lodo, los escombros y los enseres inservibles, el suministro de agua potable, la limpieza de las calles, el alojamiento y la manutención de los vecinos afectados.
El Gobierno se hará cargo, igualmente, de hasta el 50% de todas las obras que los ayuntamientos lleven a cabo en los próximos meses y años para reparar las instalaciones y las infraestructuras. También se les compensará por los impuestos municipales que van a dejar de percibir durante esta crisis y se les permitirá destinar sus superávit fiscales a la reparación de daños, que tendrán consideración de inversión financieramente sostenible.