Continúa el ritmo trepidante de las intervenciones ante la Comisión de Seguimiento y Evaluación de los Acuerdos del Pacto de Toledo con el fin de acometer la que será la tercera gran reforma de la Seguridad Social desde 2011. Una de las más controvertidas, este último mes, ha sido la comparecencia del gobernador del Banco de España, Luis María Linde. Su alocución comenzó analizando “la evolución reciente de nuestro sistema público de pensiones”. Así, Linde señaló que “con los últimos datos anuales cerrados, correspondientes a 2015, el déficit del Sistema de la Seguridad Social alcanzó el 1,5% del PIB, que contrasta con el superávit registrado al principio de la crisis, del 1,4% del PIB. La información sobre la ejecución presupuestaria de 2016, anticipa un incremento de este saldo deficitario, provocado por el incremento de los gastos entre 2007 y 2015”. Y, a su juicio, este aumento del gasto está provocado por tres tipos de factores: el primero, de carácter demográfico, sobre lo que el gobernador explica que se ha producido “un aumento del peso de la población de jubilados en relación con la población en edad de trabajar –es decir, la tasa de dependencia–, que en el periodo 2007-2015 se ha situado en el 31% de la población en edad de trabajar”.
El segundo factor, causante del incremento del gasto, alude a la evolución del mercado laboral: cuanto menor sea la tasa de empleo, mayor será la proporción del gasto en pensiones sobre PIB y viceversa.
Finalmente, el tercer factor  –enumerado por Sinde–, es el asociado a la evolución de la pensión media del sistema respecto al salario medio, –lo que se conoce como la tasa de sustitución–, que aumentó entre 2007 y 2015 en 4,8 puntos porcentuales, como consecuencia del crecimiento de las pensiones medias por encima del incremento de los salarios, así que, “en 2015, la pensión media equivalía casi el 44% del salario medio”.

Gasto futuro en pensiones
Para determinar el gasto en pensiones del futuro, Linde recuerda que hay que tener en cuenta el “aumento progresivo de la longevidad” que convellevará a un “progresivo envejecimiento de la población”. En este sentido, para compensar esta variable, propone incrementar la tasa de empleo y reducir la tasa de sustitución.
Llegados a este punto, y tras poner sobre la mesa los análisis de futuro respecto al sistema, contemplando las proyecciones más y menos halagüeñas, Linde concluyó que “dado que garantizar la sostenibilidad financiera del sistema público de pensiones es el desafío que plantea el impacto de las tendencias demográficas, incluso una vez alcanzado el pleno empleo, solo quedan dos opciones: disminuir la tasa de sustitución de las pensiones, y/o ampliar las fuentes de financiación”. En su opinión, deberían tomarse las dos en consideración. Y la polémica estaba servida con estos planteamientos sobre los que disertó de una manera detallada. Sobre la primera de las medidas –controlar el gasto a través de la tasa de sustitución–, planteó “generar una distribución más equilibrada entre el ajuste que se produce a través de la disminución de la pensión inicial y entre el que opera mediante los mecanismos de revalorización”. Linde propuso también contemplar la posibilidad de retrasos adicionales en la edad de jubilación, opción justificada por el incremento de la esperanza de vida. En este sentido, cualquier medida encaminada a desincentivar la jubilación anticipada y permitir la ampliación de la vida laboral por encima de los 67 años tendría efectos positivos sobre la sostenibilidad financiera del sistema”. Sobre esta primera propuesta, también recomienda “extender el papel del ahorro para la jubilación, de modo que permita complementar los recursos del sistema público con planes privados”.
En cuanto a su segunda opción –las nuevas fuentes de financiación–, propone que “se incrementen las cotizaciones sociales o el resto de figuras impositivas, o sus diversas posibles combinaciones”. Aunque, “el incremento de las cotizaciones sociales plantea la dificultad de sus efectos negativos sobre el empleo”, puntualizó. En este sentido, también planteó “restringir el concepto de pensión contributiva exclusivamente a las pensiones de jubilación, que seguirían siendo financiadas con cotizaciones sociales, mientras que el resto pasarían a ser financiadas con impuestos generales. Obviamente, esto exigiría aumentar la imposición general, o reducir otros gastos.

Recomendaciones finales
Para finalizar, Linde recomienda “preservar” el mecanismo automático de equilibrio financiero del sistema de pensiones (factor de sostenibilidad e índice de revalorización). También aconseja informar con transparencia a la ciudadanía de los cambios para que “se puedan tomar decisiones de ahorro bien informadas”. Y por último, plantar cara a los problemas a que da lugar el envejecimiento de la poblacióndesde una estrategia amplia de política económica”.