El Consejo de Gobierno de Castilla-La Mancha ha aprobado el anteproyecto de Ley de Medidas económicas, sociales, y tributarias contra la Despoblación y para el Desarrollo Rural en Castilla-La Mancha, una norma “pionera” que, por primera vez en España, introduce la política fiscal en la lucha contra la despoblación.

 

Así lo ha destacado el vicepresidente regional, José Luis Martínez Guijarro, que ha detallado las principales novedades de esta norma que pasa ahora al Consejo Consultivo antes de iniciar su tramitación en las Cortes de Castilla-La Mancha.

 

El anteproyecto está estructurado en siete títulos y 75 artículos, en los que se garantiza el acceso a los servicios públicos y la igualdad de oportunidades para los habitantes del medio rural, además de propiciar el desarrollo económico y social del medio rural para alcanzar la cohesión social y territorial.

 

El texto introduce además conceptos novedosos como el impacto demográfico o la estancia efectiva (empadronamiento, tarjeta sanitaria y escolarización de hijos si los hubiera) y cifra su impacto económico en unos 600 millones de euros a lo largo del actual período de programación de la Unión Europea (2021-2027). No en vano, irá acompañada por la elaboración de una Estrategia Regional contra la Despoblación con una duración de diez años.

 

El anteproyecto establece igualmente una garantía en el acceso a los servicios públicos sanitarios, educativos y sociales.

   

En servicios sociales, en el texto se asegura el servicio de teleasistencia a las personas mayores de 70 años del medio rural con terminales digitales de última generación en las zonas de difícil acceso a las redes de comunicación, así como el acceso a un recurso de atención residencial, a menos de 40 kilómetros de su hogar, en núcleos de población de zonas escasamente pobladas o en riesgo de despoblación.

 

Asimismo, se garantiza la atención personalizada a personas con discapacidad a través de dispositivos como teleasistencia avanzada, geolocalización, alertas de riesgo en el hogar, terminales adaptados y comunicación accesible.

En materia sanitaria, el anteproyecto establece el diseño de una red de puntos de atención continuada para garantizar que estos recursos estén a menos de 30 minutos de distancia, y contempla una asistencia farmacéutica específicamente diseñada para responder a las necesidades de la población rural.

  

Durante su alocución, el vicepresidente ha reiterado que con esta Ley el Ejecutivo de Emiliano García-Page quiere sentar las bases “para que los ciudadanos puedan decidir con libertad donde vivir”.

 

Una norma que es, además, fruto del consenso, pues se ha sometido a dos procesos de participación que regulaba la nueva Ley de Participación Ciudadana; y ha pasado por diez consejos sectoriales en los que se articula la participación institucional de la región donde se ha debatido e informado favorablemente de esta ley.