El Departament de Treball, Afers Socials i Famílies del Govern catalán ha publicado una nueva orden que supondrá un aumento en las tarifas de residencias y que, en consecuencia, contemplará un incremento de los módulos de atención a las personas mayores y a la dependencia (atención residencial y diurna), tanto en la modalidad de las plazas concertadas como en las residencias públicas de gestión delegada a entidades especializadas.

El objetivo de esta subida es igualar, de manera progresiva y en un máximo de dos años, las tarifas de los usuarios de Grado II (dependencia severa) con los de Grado III (gran dependencia). Para el 2019, el incremento previsto de las tarifas de Grado II es del 5,8%, y en un máximo de dos años crecerán hasta alcanzar los 1.869,41 euros en que está situado el precio público de la plaza de Grado III. De esta manera, el apoyo público a las plazas residenciales será el mismo para todas las personas usuarias de los servicios residenciales, derivado del hecho de que las exigencias de atención a un usuario de Grado II y Grado III son cada vez más parecidos, ya que ambos tienden a ser perfiles de enfermos crónicos de complejidad y discapacidad similar.

Así pues, las residencias verán incrementados sus ingresos progresivamente, con la voluntad de que puedan mejorar la calidad asistencial y las condiciones laborales de las personas profesionales.

El Departament de Treball, Afers Socials i Famílies aumenta el apoyo público a los usuarios de Grado II porque ya representan el 50% del total de usuarios que se encuentran en residencias. Desde que en 2012 se reformó el baremo estatal de valoración de la dependencia, los usuarios de Grado II han pasado de representar un 35% hasta ser actualmente ya el 50% de los usuarios, mientras que los de Grado III han pasado de ser el 65% al ​​50%. La cartera de servicios sociales de 2011 establece una tarifa que incluye el apoyo público a la plaza diferente en el caso de un usuario de Grado II (1.595,06 euros) que en el de un usuario de Grado III (1.869,41 euros).

El incremento de tarifas del 5,8% correspondiente el 2019 representará una inversión de 14,2 millones de euros anuales por parte del Departament.

En Catalunya existen 39.936 plazas residenciales que reciben financiación pública y que dan cobertura al 8,3% del total de personas mayores de 80 años. Un dato que supera a la de cualquier comunidad autónoma y que es homologable a la de los países europeos de nuestro entorno.

El Departament asume el coste de este aumento de los ingresos para las residencias en beneficio de las personas residentes, a la espera de que el Gobierno central aumente la financiación de la atención a la dependencia a las comunidades autónomas, que se encuentra congelado desde 2011. Este año, la inversión global en atención a la dependencia en Catalunya representará unos 1.550 millones de euros, siendo el año con más inversión desde 2007. Aunque, según la ley, se trata de un derecho que debería ser cofinanciado a partes iguales, la realidad es que el Estado solo aportará un 12% de la financiación, mientras que la Generalitat se hará cargo del 88% de las aportaciones públicas.