El Defensor del Pueblo en funciones, Francisco Fernández Marugán, ha presentado hoy en la Comisión Mixta de Relaciones con el Defensor del Pueblo Congreso y Senado tres informes monográficos. Se trata de una Guía de buenas prácticas en contenciones mecánicas y los estudios 'Protección de los consumidores vulnerables en materia de energía eléctrica' Y 'La situación de las personas con enfermedad celíaca en España'.
Fernández Marugán ha presentado la Guía de buenas prácticas en contenciones mecánicas que tiene por objetivo difundir los criterios de la Institución en actuaciones que requieran el empleo de las mismas. También ha mostrado su preocupación por el uso de este tipo de contenciones en las residencias para personas mayores. Así ha hecho hincapié en que las sujeciones “deben ser la última opción” y las personas a las que se les apliquen estos medidas “siempre deben estar sometidas a vigilancia”.
PROTECCIÓN
Fernández Marugán ha valorado positivamente la nueva regulación del bono social eléctrico aprobada recientemente que recoge las recomendaciones formuladas por la Institución en el estudio Protección de los consumidores vulnerables en materia de energía eléctrica.
La nueva normativa establece la renta como criterio para acceder al bono social e introduce medidas que protegen a los consumidores en el mercado libre, tal y como había recomendado el Defensor del Pueblo. También contempla que no se corte el suministro por impago sin antes verificar con los servicios sociales la posible situación de vulnerabilidad de los consumidores afectados.
Otras recomendaciones de la institución que incorpora el nuevo bono social eléctrico son la modulación del umbral de renta para proteger a determinados colectivos (menores, personas mayores y con discapacidad).
En las conclusiones de las jornadas sobre protección de los consumidores vulnerables en materia de energía eléctricas organizadas por el Defensor del Pueblo en marzo de 2017, la institución destacaba la importancia de proteger los hogares donde residan menores de edad, personas mayores y personas con discapacidad.
En opinión de Fernández Marugán, “hay que valorar el principio de interés superior del menor, y el hecho de que la falta de suministro eléctrico afecta al derecho fundamental a la educación, porque en los meses de invierno los menores han de realizar sus tareas escolares después de la puesta de sol”.
Del mismo modo, para el Defensor, “las personas mayores y las personas con discapacidad cuentan con unas necesidades particulares que no pueden olvidarse”. Así, también ha recordado, la importancia de garantizar el suministro a los pacientes electrodependientes.