El Defensor del Pueblo, Ángel Gabilondo, ha registrado en las Cortes Generales el Informe anual de la actividad de la institución en 2024, y ha hecho entrega del mismo a la presidenta del Congreso de los Diputados, Francina Armengol. El Informe será entregado esta misma tarde al presidente del Senado, Pedro Rollán, en el Palacio del Senado. Para Gabilondo, este Informe “obedece a la necesaria rendición de cuentas de la labor realizada en 2024, desde la voluntad de la máxima transparencia” y de “propiciar el acceso de los ciudadanos a lo que esta institución señala al respecto de las cuestiones y los problemas planteados”.

Los asuntos que protagonizaron más quejas ciudadanas ante el Defensor del Pueblo en 2024 estuvieron relacionados, principalmente, con la Administración de la Justicia, la Seguridad Social, la Función Pública, asilo, migraciones, asuntos de Interior, Educación, Economía o Sanidad.

El mayor número de quejas volvió a llegar de las comunidades más pobladas, entre ellas, de las comunidades de Madrid (8.031), Andalucía (4.155), Cataluña (3.441) y Valencia (3.231).

Además de los datos estadísticos, el informe incorpora una selección de los asuntos destacados sobre los que ha trabajado la institución en 2024. Estos son, entre otros, la protección de las mujeres mayores víctimas de violencia de género, la falta de recursos específicos de salud mental para adolescentes y jóvenes; el apoyo a las familias de personas con discapacidad en los ámbitos tributario y social; los problemas relacionados con la usurpación de identidad, o los procedimientos de reintegro de prestaciones a beneficiarios en situación de vulnerabilidad.

VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES
Las mujeres mayores que son víctimas de violencia han centrado especialmente la atención del Defensor del Pueblo en 2024. En su opinión, «padecen una violencia oculta, perpetrada a lo largo de los años, que está socializada y normalizada. No son capaces de denunciar y tienen muchas dificultades para salir del entorno violento. Además, quienes consiguen pedir ayuda se enfrentan a servicios y políticas públicas no adaptados a su realidad».

Desde la institución se ha constatado que «les resulta complicado acceder a las acreditaciones administrativas y a las ayudas económicas previstas en la Ley». A juicio del Defensor del Pueblo, «solo reconociendo las dificultades y los impedimentos que deben afrontar es posible acertar en las soluciones para garantizar el acceso de estas mujeres a los recursos públicos, restaurando en lo posible los daños sufridos y recuperándolas para una vida plena, libre de violencia».

Muchas de estas mujeres sufren violencia de género económica. Por ello el Defensor recomendó al Ministerio de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes que adoptase las medidas legislativas necesarias para que los delitos considerados de violencia de género económica pudieran ser incluidos en la Ley contra la Violencia de Género. El Ministerio ha comunicado su intención de realizar los cambios normativos necesarios para hacerlo realidad.

El Defensor del Pueblo también ha recibido quejas relativas a su acreditación como víctimas, en las que se pone de manifiesto que se les obliga a pasar por entrevistas y procesos administrativos en los que su edad, su situación de dependencia, sus problemas de salud y movilidad o sus dificultades tecnológicas no son tenidas en cuenta, ni por los protocolos, ni por las redes asistenciales que les atienden. «Los servicios sociales aplican el modelo común de acreditación que está pensado para otro tipo de víctima», señala el informe.

También se han detectado problemas de acceso a la Renta Activa de Inserción. Por ello se ha recomendado al Ministerio de Igualdad la modificación del Real Decreto que regula la RAI, para permitir que sea solicitada por mujeres mayores de 65 años que, cumpliendo con el resto de requisitos, no hayan cumplido la edad legalmente establecida para su jubilación. El Ministerio aceptó la recomendación y derogó el citado Real Decreto. Además, la institución ha formulado Recomendaciones a la Secretaría de Estado de la Seguridad Social sobre el acceso a la pensión de viudedad.

Por otra parte, el Defensor del Pueblo ha denunciado que las limitaciones legales establecidas para los embargos por deudas, o el mecanismo de segunda oportunidad, no aplican la perspectiva de género y no tienen en cuenta la edad ni las circunstancias de las víctimas, lo que, a su juicio, perjudica especialmente a mujeres mayores y resta efectividad a su derecho compensatorio. En opinión de la institución debería promoverse un régimen más flexible de pensiones que permita al Juzgado modular el importe del embargo por lo que ha formulado una Recomendación al Ministerio de Igualdad que ha sido aceptada.

ATENCIÓN RESIDENCIAL Y DEPENDENCIA

Durante 2024, el Defensor del Pueblo, además de atender las quejas presentadas por los ciudadanos acerca del funcionamiento y cuidado que se presta a las personas mayores en los diversos recursos destinados a la atención de personas en situación de dependencia, prosiguió una actividad complementaria de supervisión directa del funcionamiento de los centros residenciales de personas mayores. A las actuaciones que ya estaban en curso con la Comunidad de Castilla y León, se sumaron las visitas realizadas a centros de las comunidades de Cantabria, Galicia y La Rioja. También se solicitó información a la Comunitat Valenciana.

En 2024 las quejas recibidas por el Defensor del Pueblo sobre la demora en resolver las solicitudes, recursos y reclamaciones relacionadas con el Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia (SAAD) se incrementaron, suponiendo ya la cuarta parte de los expedientes tramitados en materia de política social. Como en años anteriores, el mayor número de esas quejas afectaron a las comunidades autónomas de Canarias y de Andalucía.