El Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (Cermi) acaba de reclamar a los poderes públicos –estatal y autonómicos– y a las fuerzas políticas que el nuevo marco de financiación territorial "blinde las políticas sociales y de inclusión, que han de tener garantizado recursos suficientes para establecer y dotar unos auténticos derechos sociales en España".

Ante el debate sobre el nuevo marco de sostenibilidad territorial –comunidades y corporaciones locales–, el sector de la discapacidad exige "que lo social no quede al margen y en posición subalterna, como ha ocurrido históricamente cuando se habla de financiación territorial, en la que esta cuestión apenas ha tenido relevancia", aseguran desde el Cermi.

La entidad no solo demanda un incremento sustancial de cuantías para lo social, que pongan a España en el rango de inversión y gasto adecuados a un autoproclamado Estado social, "como reza nuestra Constitución",  inciden, sino que "estos fondos, sobre todo los que procedan de transferencias del Estado a los poderes territoriales, tengan carácter finalista, es decir, estén vinculados a satisfacer necesidades sociales, sin posibilidad de aplicarlos a objetivos distintos, como ocurre ahora, en que no existe blindaje".