La Diputación de Sevilla ha comenzado la modificación  del Reglamento de su Servicio de Ayuda a Domicilio para adaptarlo a las novedades normativas recientes, tal como ha determinado el Equipo de Gobierno provincial durante la primera Junta de Gobierno de 2018, presidida por Fernando Rodríguez Villalobos. La Corporación hispalense llevará a su Plenario una propuesta para introducir modificaciones en la Exposición de Motivos y en el articulado del vigente Reglamento del Servicio de Ayuda a Domicilio, a fin de adaptarlo a la Ley 9/2016, de 27 de diciembre, de Servicios Sociales de Andalucía, y a la Orden de 28 de junio de 2017, por la que se modifica la Orden de 15 de noviembre de 2007, y en la que se establecen dos novedades.

Por una parte, se modifica el sistema de entregas a cuenta y su correspondiente regularización, que pasa de ser semestral a ser mensual; por otra, se determina que el coste/hora del servicio será el efectivamente incurrido por la Corporación Local o el abonado a la entidad prestadora, en su caso, con el límite del coste/hora máximo fijado para su financiación.

OBJETIVOS Y DEFINICIÓN

El Servicio de Ayuda a Domicilio es una prestación, realizada preferentemente en el domicilio, que proporciona, mediante personal cualificado y supervisado, un conjunto de actuaciones preventivas, formativas, rehabilitadoras y de atención a personas y unidades de convivencia con dificultades para permanecer o desenvolverse en su medio habitual.

El Reglamento, que consta de un total de 36 artículos, dos Disposiciones Adicionales, una Disposición Final y dos Anexos, tiene por objeto regular el Servicio de Ayuda a Domicilio de la Diputación de Sevilla en los municipios incluidos dentro del ámbito de la aplicación del Plan Provincial de Servicios Sociales, los de menos de 20.000 habitantes, así como en las entidades locales autónomas conveniadas. Instrumento básico de referencia para profesionales y ayuntamientos, su articulado adapta todo lo recogido en la normativa reguladora del Servicio en Andalucía hasta la fecha y regula todos los criterios básicos necesarios para la prestación del servicio.