Pablo Bustinduy, ministro de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, y Mónica García, ministra de Sanidad, han anunciado el inicio de la tramitación del Real decreto que regulará las comidas que sirven en los hospitales y residencias. Esta norma garantizará una alimentación saludable, nutritiva y sostenible para personas dependientes o con necesidades especiales que usan estos centros, y concibe la dieta como un aspecto fundamental para mejorar su recuperación y su calidad de vida.

Bustinduy y García han explicado que el proyecto de real decreto ha iniciado su andadura con la apertura del período de consulta pública, que permite a la ciudadanía, entidades sociales, sindicatos, organizaciones de consumidores, profesionales y personas usuarias de hospitales y residencias, entre otras, hacer aportaciones y comentarios para enriquecer la propuesta antes de la elaboración del proyecto normativo. El plazo de participación estará abierto hasta el 21 de junio de 2025.

Esta iniciativa llega apenas un mes después de la aprobación en Consejo de Ministros, a propuesta del Ministerio de Derechos Sociales y Consumo, del Real decreto de Comedores Escolares Saludables y Sostenibles. Esta normativa ya aprobada establece unas frecuencias mínimas en los comedores de colegios e institutos para asegurar un mayor consumo de verduras, frutas y pescados frescos, y limitar las frituras, los precocinados, los alimentos procesados y los productos azucarados.

Ahora, el objetivo es aprobar un nuevo real decreto que garantice que todas las comidas servidas en los centros que atienden a personas dependientes o con necesidades especiales se asienten en las recomendaciones dietéticas de de alimentación saludable y sostenible para todos los grupos de edad y ajustándose a los contextos pertinentes, siguiendo las recomendaciones de la Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición (AESAN) y de la Organización Mundial de la Salud (OMS). El sector público es responsable de un gran oferta de alimentos y bebidas y es fundamental que este gasto público se realice atendiendo a estándares lo más alto posibles, en base a criterios nutricionales orientados al fomento de una alimentación y sostenible.

Durante la presentación, el ministro Bustinduy, proponente de la iniciativa, ha destacado que mejorar la alimentación en hospitales y residencias “es un verdadero clamor social” y ha tildado como “contradictorio que en un lugar al que vamos para ser curados o porque requerimos cuidados nos den de comer comida que no cumple unos requisitos mínimos de calidad nutritiva”.

Bustinduy ha puesto el foco en la importancia de atender las necesidades de personas dependientes y con necesidades especiales, de las que ha asegurado que, como la infancia en los centros educativos, “tienen el mismo derecho que cualquiera de nosotros a que cada comida sea un momento de cuidado de su salud, por supuesto, pero también de disfrute”. Por su parte, la ministra Mónica García ha recalcado que la ciencia ha demostrado la importancia que la alimentación tiene para prevenir problemas de salud a medio plazo y acelerar las recuperaciones en los casos de enfermedad. “Tenemos la evidencia de que comer bien, lejos de ser una cuestión accesoria o un lujo, es una necesidad, especialmente cuando se atraviesa una enfermedad o cuando se depende de cuidados en una residencia”, ha afirmado García. En este sentido, la ministra de Sanidad ha señalado que “la salud, la dignidad y el cuidado debe comenzar desde la bandeja de comida de un hospital o de una residencia”.

La futura normativa se enmarca dentro de las previsiones recogidas en la Ley 17/2011, de 5 de julio, de seguridad alimentaria y nutrición, y establecerá criterios mínimos de calidad nutricional y sostenibilidad que deberán cumplirse en la contratación y prestación de servicios de alimentación en hospitales y residencias, asegurando la correcta alimentación de los usuarios de centros y servicios dirigidos a personas dependientes y con necesidades especiales.

La iniciativa también responde al llamamiento que la Organización Mundial de la Salud (OMS) hizo a los gobiernos en 2021 para que sus políticas públicas promovieran una alimentación saludable en los establecimientos públicos. El objetivo de la OMS es reducir la prevalencia de enfermedades evitables relacionadas con la dieta. Según este organismo, las enfermedades no transmisibles fueron la principal causa de muerte de al menos 43 millones de personas en 2021, lo que equivale al 75% de las defunciones (sin tener en cuenta las debidas a la pandemia en ese año). En España el 54% de la población española, según la Encuesta Europea de Salud en España, sufre algún tipo de enfermedad crónica, sobre todo hipertensión y colesterol elevado.

LA FED SE OPONE A  “LA IMPOSICIÓN DE LOS MENÚS” SIN DIALOGAR CON EL SECTOR

Las reacciones no han tardado en llegar y desde Federación Empresarial de la Dependencia (FED) expresan su “más enérgica oposición” al anuncio realizado por el ministro de Derechos Sociales de establecer una regulación estatal sobre la calidad nutricional y composición de los menús en hospitales y residencias.

Esta medida que, señalan, se ha tomado “sin ningún tipo de consulta previa ni reunión con el sector, supone un nuevo ejemplo de la política de imposición que desde hace tiempo viene practicando el Gobierno en materia de dependencia. En un ámbito tan delicado como la alimentación de personas mayores y dependientes —que requiere un enfoque individualizado, técnico y profesional— el ministerio opta por una solución ideológica, centralizada y alejada de la realidad diaria de nuestros centros”.

Desde la FED expresan que “resulta profundamente preocupante que desde el ministerio se pretenda intervenir de forma tan directa en la elaboración de los menús sin tener en cuenta las competencias de las comunidades autónomas en esta área, ni las características propias de cada centro ni las necesidades específicas de las personas atendidas. Como siempre hemos defendido desde la FED, la atención debe estar centrada en la persona: eso significa respetar sus gustos, creencias, cultura alimentaria, condiciones médicas y, por supuesto, sus derechos”.