Rosa Martínez, secretaria de Estado de Derechos Sociales, ha participado en los cursos de verano de la Universidad Internacional Menéndez Pelayo (UIMP), en Santander, para analizar la situación de los sistemas de cuidados y protección a la dependencia en Europa. Ante la inminente aprobación de la reforma de la Ley de promoción de la Autonomía Personal y Atención a las Personas en Situación de Dependencia elaborada por el Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, cuyo proyecto de ley fue aprobado en Consejo de Ministros el pasado 15 de julio, se han proyectado tres jornadas de ponencias y debates sobre los sistemas de protección a la Dependencia a nivel comunitario.

“Estamos transformando el Sistema de Dependencia acometiendo las reformas necesarias para adaptarlo a los desafíos del presente y del futuro, con más prestaciones y servicios, nuevos derechos reconocidos y más tecnología al servicio del bienestar de las personas”, incidió Martínez durante su discurso de inauguración. A lo largo del curso, se analiza la evolución y actualidad de los diferentes sistemas de cuidados de larga duración en Europa. Así, expertos de Francia, Portugal, Eslovenia, Alemania y Países Bajos comparten las experiencias en sus países y exponen el cambio de enfoque que se está afrontando en todos los ámbitos internacionales.

Martínez ha calificado esta reforma como “un paso decisivo para construir un sistema de cuidados público y de calidad” tanto para las personas en situación de dependencia como para las que tienen una discapacidad, que “promoverá el derecho universal al bienestar, a la vida independiente y la autonomía personal”. La secretaria de Estado ha subrayado en su intervención que “los cuidados nos interpelan a todas y todos como sociedad porque todas y todos tenemos que cuidar de alguien en algún momento, y también porque todas y todos vamos a necesitar que nos cuiden en algún momento”. Por esta razón, Martínez ha defendido la necesidad de seguir reforzando los servicios sociales como cuarto pilar del Estado del bienestar. “Debemos tener un sistema capaz de atender a quien lo necesite en momentos de vulnerabilidad, para que cuando alguien caiga, esa persona tenga un apoyo, o, más importante, para evitar que alguien llegue a caer”, manifestó la titular de la secretaría de Derechos Sociales.

En esta línea, el mismo Consejo de Ministros del 15 de julio en el que fue aprobado el anteproyecto de ley, el Gobierno autorizó, a propuesta del Ministerio de Derechos Sociales, repartir 783,2 millones de euros entre los gobiernos autonómicos para financiar el nivel acordado del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia (SAAD). Esta cantidad es, por tercer año consecutivo, la más alta que ha tenido este nivel de protección en su historia y será transferida a los gobiernos autonómicos a través de los convenios firmados entre Derechos Sociales y cada uno de ellos. Con esta partida se complementa la financiación de los servicios de atención a las personas dependientes que hay en cada territorio. Así, el crecimiento de la financiación se ha triplicado desde 2014 con el objetivo de cumplir con lo recogido en el Acuerdo de Gobierno de llegar al 50% de la financiación en cada autonomía.

Este curso de verano de la Universidad Internacional Menéndez Pelayo ha sido dirigido por Gregorio Rodríguez Cabrero, catedrático de Sociología y uno de los redactores de la ley inicial de 2006, y por Mayte Sancho, directora general del Instituto de Mayores y Servicios Sociales (Imserso), adscrito al Ministerio de Derechos Sociales, y que ha sido clave en la reforma y la elaboración de la estrategia de cuidados.

La directora del Imserso ha presentado el marco conceptual de la reforma de la ley y ha explicado que “la reforma de la Ley de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las personas en situación de dependencia mira hacia los deseos de las personas, no solo de las que necesitan cuidados sino de los que podemos necesitarlos en el futuro. El sentido de este curso está en ese marco que conceptualmente goza de un acuerdo muy amplío”. Para finalizar, Sancho ha expuesto las líneas generales de la reforma, así como la introducción de nuevos servicios o las modificaciones de las ya existentes, “siempre en la línea de mejorar la flexibilidad y gestión en su aplicación y la garantía de derechos que estas personas merecen”, concluyó Sancho.