La Asociación de Directoras y Gerentes de Servicios Sociales se dirigió, el mes pasado, a las fuerzas políticas que tienen que configurar los nuevos Gobiernos en las comunidades autónomas, señalando lo que, a su parecer, considera que deben ser los puntos más importantes que se tienen que exigir a la hora de negociar los compromisos en materia de servicios sociales.

“A lo largo de la campaña electoral hemos escuchado a todos los candidatos insistir en que lo que verdaderamente importa son las personas. Si esto es así, quienes tengan la posibilidad de definir los programas de los nuevos Gobiernos tienen que trasladar a hechos esta declaración de intenciones. Y ello supone dedicar una especial atención a los servicios sociales, ya que la pasada legislatura ha significado en muchas comunidades un gravísimo deterioro de estos servicios, que atienden a las personas y familias más afectadas por las políticas de ajuste que se han llevado a cabo con la excusa de la crisis”, aseguran desde la asociación.

Desde la corporación proponen lo que ellos denominan “líneas rojas”, que son “los compromisos mínimos en materia de servicios sociales que se debe exigir a cualquier Gobierno”.

En primer lugar, desde la asociación entienden que se debe recuperar la inversión en servicios sociales, entre un 8% y un 10%, ya que “se ha recortado en la actual legislatura”, y hay que avanzar hacia “unos mínimos imprescindibles”.

“Cuando tantas personas y familias están padeciendo dificultades para satisfacer sus necesidades más básicas, resulta inadmisible que la mayor parte de las comunidades hayan recortado su inversión en servicios sociales en la pasada legislatura”, explican. En el conjunto del Estado, y solo entre 2011 y 2013, este recorte, indican, fue del 13,3% en las comunidades autónomas y en entidades locales, pasando de un gasto de 354,02 euros por habitante en 2011, a 306,91 euros en 2013, es decir, 47,11 euros menos.

“Este recorte no se ha producido con la misma intensidad en unas y otras comunidades y además partían de diferentes umbrales de protección”, señalan y añaden que, en términos generales, “consideramos que la necesidad de financiación de los servicios esenciales gestionados por las regiones para una protección social mínimamente digna debería suponer, como mínimo, el 70% del gasto total (destinando el 35% para sanidad, el 25% para educación y el 10% para servicios sociales y protección social). De existir tensiones presupuestarias (deuda) deberían afectar a cualquier política de gasto menos a las tres citadas”. 

Desde la asociación inciden en que, a corto plazo, aquella comunidad cuya inversión en servicios sociales esté en 2015 por debajo del 8% del conjunto del presupuesto autonómico, “deberá establecer un compromiso para que los presupuestos de 2016 cubran esta cifra (recuperando el gasto 2009) y se incrementen hacia el final de la legislatura hasta el 10% del presupuesto total”.

Estas medidas, que incrementarían la financiación en 2016 alrededor de 2.800 millones, “debería emplearse a partes iguales en doblar la cuantía destinada a rentas mínimas y en nuevos servicios de atención a la dependencia (con unos retornos globales estimados de 840 millones de y una generación directa de 42.000 empleos)”, resuelven.

Garantizar la tasa de reposición en el Sistema de Atención a la Dependencia es otra línea que proponen, ya que, desde la asociación, creen que otro “efecto perverso” de las políticas de ajuste en muchas comunidades en la pasada legislatura, “ha sido el deterioro –o la práctica demolición en algunos casos– del Sistema de Atención a la Dependencia”. La asociación señala que “ni siquiera se garantiza la tasa de reposición, es decir, que cada vez son menos las personas que reciben prestaciones o servicios por su situación de dependencia. Por ello debe exigirse a los nuevos gobernantes el compromiso de garantizar al menos esta tasa de reposición, alcanzando un porcentaje de beneficiarios del sistema sobre el total de su población, similar al que marcó el nivel más alto en su serie histórica. Y en el caso de aquellas comunidades con un porcentaje de atención inferior a la media estatal, el compromiso de acercarse a ella a lo largo de la legislatura”.

La tercera línea que proponen es garantizar y reforzar la red básica de servicios sociales de las entidades locales. “Constituye la estructura imprescindible para atender las necesidades de más de 8,5 millones de personas en la actualidad. Víctimas de sucesivos recortes, su situación es en muchos lugares de absoluta precariedad, por la falta de apoyos a las entidades locales por parte de la Administración General del Estado y de algunas comunidades”, explican.

Para la asociación, uno de los problemas es que muchos de los servicios que se gestionan en esta red local están amenazados por la incertidumbre que genera la reforma local; por ejemplo, “es el caso de servicios tan importantes como la Ayuda a Domicilio, las residencias de mayores o programas de atención a la infancia”.

La línea de actuación, según indican, sería desarrollar una normativa autonómica y los pactos entre las comunidades y las entidades locales en cada territorio, para superar estas incertidumbres y garantizar los recursos necesarios para el desarrollo de servicios que trabajan en la prevención e intervención en situaciones de quiebra familiar y en conflictos de convivencia, y otros, como la ayuda a domicilio, “que no solo ofrecen calidad de vida para muchas personas mayores o con discapacidad, sino también un importante número de puestos de trabajo, casi 40 por cada millón de euros invertido”.

El cuarto punto clave pasa, según la asociación, por consolidar las Rentas Básicas de Inserción, tanto en extensión como en cuantía. “Las Rentas Mínimas de Inserción constituyen para cientos de miles de personas y familias la última garantía para atender sus necesidades más básicas y para evitar caer en la exclusión social. Sin embargo, a pesar del desarrollo que han tenido en los últimos años en la mayor parte de las comunidades autónomas, todavía son insuficientes tanto en el número de personas que las reciben como en sus cuantías”, argullen.

Además, aseguran que en muchas regiones se acumulan “retrasos insoportables de varios meses para la concesión o el cobro de estas Rentas, y se ponen obstáculos burocráticos injustificados que impiden o retrasan que algunas personas y familias puedan recibirlas”.

Según la asociación que preside José Manuel Ramírez, deberían planificar un incremento de la cobertura y las cuantías de sus Rentas Mínimas de Inserción, hasta alcanzar, al menos, la media estatal que se sitúa por debajo de la misma, y acortar los plazos de tramitación y de pago, así como simplificar los trámites exigibles.

Garantizar la vivienda en el contexto de referencia de las personas es la última propuesta de la asociación. “Los problemas de pérdida de vivienda han de ser tratados de manera individualizada y con el concurso de los servicios sociales. Los que deriven de procedimientos de ejecución hipotecaria han de ser objeto de mediación pública entre las personas y las entidades financieras intentando evitar la pérdida de propiedad y, si no fuera posible, evitando la pérdida de la posesión (lanzamiento) mediante el alquiler social en el mismo inmueble por tiempo no inferior a tres años”, apuntaron.

Para la asociación, lo problemas de riesgo de desahucio por alquiler a arrendadores particulares solo pueden tratarse en primera instancia mediante enervaciones de la deuda (mensualidades pendientes) y abono del alquiler o parte del mismo por parte de las administraciones por un tiempo limitado, entre uno y dos años, hasta que se recupere activamente la economía familiar.

“Se ha de evitar siempre el desalojo forzoso sin alternativa habitacional y los desplazamientos internos de las familias, especialmente cuando hay menores u otras personas dependientes implicadas”, inciden.