El Círculo Empresarial de Atención a las Personas (CEAPs) celebra que el Congreso de los Diputados haya rechazado la aprobación por ley de la reducción de jornada a 37,5 horas. Para el sector de la dependencia en España suponía «un auténtico desastre en términos de organización y gestión de recursos humanos en un momento caracterizado», además, por el déficit de personal, ha manifestado el presidente de CEAPs, Rafael Sánchez Ostiz.

“Era una medida que no provenía del Diálogo Social ni de la negociación colectiva, percibida por los empresarios como una injerencia unilateral del Gobierno central que ignora con esa propuesta los mecanismos de negociación colectiva. El diálogo social funciona y permite adaptar las condiciones laborales a cada sector. Imponerlo por ley rompe el consenso, genera inseguridad jurídica y atenta contra uno de los grandes logros democráticos: la concertación social”, ha señalado.

Además, la reducción de la jornada sin una disminución proporcional del coste horario supondría, señalan, «un aumento directo de los costes laborales». Las estimaciones sitúan este impacto en 12.000 millones de euros adicionales para las empresas, que, sumados al coste del absentismo (37.000 millones anuales), elevan la factura global a cerca de 49.000 millones de euros, el equivalente al 4,1% del PIB español. “Para las pymes y los autónomos esta situación es sencillamente insoportable, y pone en riesgo su viabilidad”, ha advertido Sánchez Ostiz.

El presidente de CEAPs ha recordado que la atención a la dependencia es un servicio esencial, que requiere funcionamiento 24/7, y que no puede absorber incrementos de costes sin poner en peligro la continuidad. “Esta reducción obligatoria impactaría con fuerza en nuestro sector, que tendría que contratar más personal sin tener margen económico para hacerlo. Esto puede conllevar la pérdida de miles de puestos de trabajo y comprometer la prestación de servicios básicos destinados a personas vulnerables”, ha explicado.

Sánchez Ostiz también ha subrayado que, en este contexto, la sostenibilidad del sector no puede lograrse trasladando el sobrecoste a las personas mayores y sus familias, que ya realizan un esfuerzo económico notable. “Nuestro compromiso es con la sostenibilidad del sistema, pero no a costa de quienes más apoyo necesitan. Hay que encontrar un equilibrio justo y viable”, ha defendido.

Asimismo, ha puesto de relieve que los contratos públicos llevan años congelados y no se ajustan a la realidad del incremento de costes, lo que agrava la situación de las entidades que prestan servicios. “Es imprescindible desindexar los contratos públicos —es decir, desligarlos de la regla de no actualización automática ligada a los Presupuestos Generales del Estado— para que puedan adaptarse a la evolución real de los gastos, especialmente en un escenario de inflación y presión sobre los costes laborales y energéticos”, ha explicado.

“Si no se abordan estas cuestiones de raíz, cualquier reforma que incremente las cargas salariales sin financiación adecuada pone en riesgo la sostenibilidad del sector y, en consecuencia, la atención a millones de personas dependientes en España”, ha concluido el presidente de CEAPs.