El secretario general de Comisiones Obreras (CC OO) de Extremadura, Julián Carretero, y el secretario general de la Federación de Sanidad y Sectores Sociosanitarios de CC OO a nivel nacional, Antonio Cabrera, denunciaron "los abusos empresariales que se están multiplicando en Extremadura sobre los trabajadores del sector de atención a la Dependencia, especialmente de la ayuda a domicilio, con la connivencia de otros sindicatos que aceptan firmar convenios muy por debajo de las condiciones y salarios establecidos en el convenio estatal". Según la organización, estos abusos afectan a cerca de un millar de personas en la región, generalmente mujeres con cargas familiares y con escasos ingresos.

Desde la Federación de Sanidad y Sectores Sociosanitarios de CCOO se anunció que se actuará frente a esta situación mediante la acción sindical, acudiendo a la Inspección de Trabajo y la Justicia y con encuentros con la Consejería de Sanidad, pues la mayor parte de las empresas son subcontratadas para la prestación de servicios públicos.

Julián Carretero lamentó que este problema, aunque ocurre en otros lugares del Estado, es "especialmente grave" en Extremadura, donde estas empresas "aprovechando un subterfugio de la Reforma Laboral", que hace que el convenio de empresa prevalezca sobre el convenio sectorial, "están rebajando de una manera sistemática" las condiciones de trabajo y los sueldos.

Se trata de empresas de pequeño o mediano tamaño en las que se elige interesadamente a uno o tres delegados sindicales, nunca de CCOO, y que "utilizan" a este delegado "para inmediatamente después de producirse el sistema de elección hacer un convenio de estas características" y "aprovechar el descuelgue de un convenio estatal que es el que regula el marco en el conjunto del Estado español de estas empresas y estos trabajadores".

A modo de ejemplo, Carretero dijo que, si el convenio estatal marca 1.755 horas de trabajo al año, en "algunos casos" hay 1.826 horas con un salario mensual de 650 euros "mínimo" cuando el estatal se sitúa en 947. "O sea, con 300 euros menos al mes trabajando casi 100 horas más al año, eso está ocurriendo en Extremadura", aseguró.

De igual manera, Carretero puntualizó que dicha situación "está afectando a casi un millar de personas" detectadas por CCOO en Extremadura y está ocurriendo en 46 centros de trabajo de la región que, en su "inmensa mayoría por no decir todos", cobran subvenciones públicas.

Por esta razón, el secretario general de CCOO en la región explicó que el sindicato ha emprendido una campaña para "poner de manifiesto la desvergüenza y por tanto la situación en la que se está poniendo a estos trabajadores" que, según indicó, mayoritariamente son trabajadoras "aprovechando en muchos casos las condiciones familiares o las condiciones de discriminación que muchas de estas mujeres, en su ámbito personal, tienen". Igualmente, aseguró que han gestionado un encuentro con los responsables de la Consejería de Sanidad y Políticas Sociales y su consejero, José María Vergeles, para que puedan "poner encima de la mesa esta situación de anomalía" que afecta a empresas que reciben ayudas públicas.

Por su parte, Antonio Cabrera explicó que el VI Convenio estatal de la Dependencia que se aplica en Extremadura regula, en el ámbito estatal, las relaciones laborales de 180.000 trabajadores y 4.250 empresas y que, en la región extremeña, afecta a 120 empresas y 4.900 trabajadores.

Cabrera criticó que la Reforma Laboral del PP "precariza las condiciones laborales al recoger aspectos como la prevalencia del convenio de empresa frente al sectorial". En la comunidad extremeña hay 19 convenios de empresas que afectan a 906 trabajadores y "cláusulas de descuelgue" que se solicitan a la Comisión Paritaria del Convenio estatal.

Así, Cabrera dijo que esta comisión paritaria ha recibido casi 100 solicitudes relativas a dichas cláusulas de las cuales 27 corresponden a Extremadura y de las que, a su vez, 23 "ni siquiera tenían el mínimo necesario para presentar la documentación ni plan de viabilidad, ni vigencia de la cláusula de inaplicación", por lo que han sido "totalmente rechazadas" por dicha comisión aunque "se han descolgado al prevalecer este tipo de descuelgue en la Reforma Laboral".

Por último, Antonio Cabrera señaló que, de los 4.900 trabajadores que estarían afectados en Extremadura por este convenio, a 1.236 entre convenios de empresa y "descuelgues", que supone el 25% del total de los mismos, "no se le aplica el convenio estatal".