La ministra de Sanidad, Consumo y Bienestar Social, María Luisa Carcedo, destacó que “invertir en políticas sociales y sanitarias en el contexto actual es económica y socialmente beneficioso para la sociedad” en su intervención en el Foro Nueva Economía. “Es el momento de consolidar definitivamente un sistema de protección que garantice la igualdad de oportunidades”, añadió.

La ministra planteó cómo el departamento que dirige puede contribuir a redistribuir la  riqueza y, por tanto, “luchar contra la desigualdad, que es uno de los principales problemas de nuestro país”. Pero también a “impulsar la economía mediante la creación de empleo de calidad y la innovación, que contribuyan a transformar nuestro sistema productivo”.

Carcedo subrayó que “la inversión social genera más altas tasas de retorno que cualquier otra, es decir, además de por justicia social, puede justificarse desde el punto de vista estrictamente económico”. Y ha puesto varios ejemplos de ello: por un lado, aludió al proceso de envejecimiento como una oportunidad para generar riqueza en torno al sector de los cuidados. “Nuestro propio Sistema de Atención a la Dependencia ha contribuido a consolidar la profesionalización del sector de servicios sociales y la creación de empleo: 34 puestos de trabajo por cada millón de euros invertido”, explicó la ministra.

En relación al Sistema Nacional de Salud (SNS), “también es un potente actor económico”. Carcedo recordó que la inversión en sanidad pública supuso en 2016 “el 6% del PIB, 67.000 millones de euros, de los cuales 7.500 de ellos invertidos en tecnología, de los cuales 5.200 invertidos en el sector público”.

“El SNS incrementa el 7,2% la renta disponible de los hogares del 20% de la población más rica, pero hasta en un 35% la de los hogares del 20% con menos recursos”, indicó la ministra a partir de datos de la OCDE. Además, ha añadido que “el gasto en farmacia y atención primaria es el que tiene más potencia redistributiva”.

“¿Cómo se propone el Ministerio de Sanidad que el sistema sanitario, de atención a la dependencia y servicios sociales contribuyan a la mejora de la igualdad de oportunidades y el impulso económico?”, planteó la ministra. A este respecto, Carcedo remarcó distintas iniciativas como la convalidación por el Congreso del RD 7/2018 que restituye la asistencia sanitaria como derecho universal. “Esta norma está en proceso de tramitación como Proyecto de Ley, y no solo para restituir la atención sanitaria universal. Por primera vez en 40 años, la norma desliga la asistencia sanitaria del concepto de aseguramiento para vincularla al de residencia”, señaló.

“El Gobierno también está trabajando en la eliminación de las barreras económicas que suponen los copagos farmacéuticos, empezando por aquellos que afectan a las personas más vulnerables, como ha recomendado el Defensor del Pueblo”, añadió Carcedo.

Asimismo, la ministra incidió en otras medidas, como el desarrollo de un Marco Estratégico para la Mejora de la Atención Primaria de Salud. “La atención primera sufrió de manera especial el impacto de la austeridad. Ello junto con el dato de que resuelve más del 90% de la demanda en sanidad y es un componente del gasto sanitario con fuerte capacidad redistributiva,  justifica una intervención decidida”, explicó

Según Carcedo, “esta estrategia consolidará una política de recursos humanos que garantice la continuidad y la calidad de la atención primaria y contribuirá a su modernización con la introducción de tecnología, la mejora de la formación, la potenciación de la investigación y la atención a algunas áreas, como la cronicidad y la salud pública, de creciente importancia en nuestro país”.