La Consejería de Empleo y Políticas Sociales acaba de posponer la entrada en vigor de la nueva normativa de autorización y acreditación de Centros de Servicios Sociales que se ponía en marcha este 2 de noviembre. En su lugar, la institución iniciará un proceso participativo para buscar una "solución de consenso" con las entidades del sector.

Así lo comunicó la consejera Ana Belén Álvarez a los representantes de las empresas y entidades prestadoras de servicios de atención a la dependencia y la discapacidad, en una nueva reunión celebrada en la sede del Instituto Cántabro de Servicios Sociales (Icass). Según explicó Álvarez, la situación de conflicto con la aprobación de la nueva normativa en mayo introdujo "elementos de incertidumbre importantes" en el desarrollo del sistema de dependencia.

La solución propuesta por el Ejecutivo regional pasa por posponer el calendario de aplicación de las normativas en cuestión hasta el 30 de junio de 2020 como plazo máximo, con la excepción del cumplimiento de las ratios de profesionales que la Administración ya está abonando.

Álvarez defendió que "las reformas serias deben permanecer estables en el tiempo para que puedan dar resultados" y ello "solo es posible si estas son fruto del consenso, del acuerdo entre las diferentes visiones de un problema". De esta manera, la consejera se mostró convencida de que "entre todos y todas seremos capaces de llegar a un acuerdo que posibilite la mejora de los servicios de atención a las personas en situación de dependencia".

En la reunión celebrada en la sede del Icass participaron, además de la consejera, el director general de Políticas Sociales, Julio Soto, y la directora del Icass, María Antonia Mora; así como representantes de la Plataforma para la Atención de la Dependencia (PAD), la Federación Lares, Cermi y la Fundación Obra San Martín.