El Gobierno de Canarias, a través de la Consejería de Empleo, Políticas Sociales y Vivienda, ha solicitado al Estado que revise la ley que fija que el 1 de enero de 2016 las competencias en materia de servicios sociales de los ayuntamientos deberán ser asumidas por las Comunidades Autónomas.
Esta ley supone que los ayuntamientos perderían la capacidad para fijar libremente los presupuestos en materia de políticas sociales, ya que estos tendrían que ser supervisados por el Estado.
En el transcurso de la reunión del pleno del Consejo Territorial de Servicios Sociales y del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia, celebrada ayer en el Ministerio de Sanidad, el Estado ha aceptado la constitución de una Comisión Interministerial con el objetivo de estudiar en profundidad la Ley de Sostenibilidad y Racionalización de la Administración Local que fija que los ejecutivos autonómicos asumirán la titularidad de las competencias en servicios sociales.
De esta forma, el Ministerio de Hacienda, Sanidad, Asuntos Sociales y las administraciones públicas se encargarían de buscar una solución a esta problemática que entre otros factores, genera una inseguridad jurídica en las intervenciones municipales e invade competencias autonómicas