Pablo Bustinduy, ministro de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, ha viajado hasta La Roda, en la provincia de Albacete, para reunirse con Juan Ramón Amores García, senador y alcalde de esta localidad, con quien ha abordado la necesidad de fortalecer y transformar el sistema de cuidados en base a la Estrategia Estatal que ha impulsado Derechos Sociales para adaptar este sistema “a las necesidades del siglo XXI y avanzar hacia un modelo más ágil, más flexible y más personalizado”. Sobre este asunto, tanto el ministro como el alcalde han señalado la importancia de fortalecer la cooperación entre administraciones para mejorar la calidad de vida de quienes requieren apoyos permanentes.

A este respecto, Bustinduy ha subrayado que “cuidar y ser cuidados no debe ser un privilegio, sino un derecho que garantice igualdad y dignidad para todas y todos”, y ha defendido que, en un contexto en el que cada vez se van a necesitar más profesionales en el sector de los cuidados, el sistema debe seguir evolucionando para “dejar atrás el modelo asistencialista” y convertirse en un modelo en el que “cada persona pueda recibir la atención que necesita, en su entorno, con dignidad y con respeto a sus decisiones”.

Durante el encuentro, el ministro y el alcalde han visitado la Asociación de Parkinson La Roda (CIRENC), un centro especializado en rehabilitación, atención integral y mejora de la calidad de vida de las personas afectadas de enfermedad neurodegenerativa, principalmente de párkinson. Allí, han podido conocer de primera mano el trabajo diario que realiza el equipo del centro, que han trasladado sus experiencias y la importancia de contar con recursos públicos estables para garantizar una atención continua y de calidad.

“Quiero poner en valor el trabajo de las asociaciones, de los proyectos y de todas las organizaciones que trabajan para mejorar la vida de la gente. Su labor es imprescindible para mejorar nuestro sistema de cuidados y mejorar nuestras leyes”, ha declarado Bustinduy durante la visita.

El encuentro se produce días después de que el Gobierno aprobara el decreto ley para el desarrollo normativo de la Ley ELA y una inyección de 500 millones de euros para reforzar el Sistema de la Dependencia y garantizar las nuevas prestaciones que recibirán las personas con ELA y otras enfermedades similares en fase avanzada. La normativa supone la creación del Grado III+ para personas con enfermedades neurológicas que requieren cuidados de alta complejidad, que cubrirá una atención personalizada de 24 horas concediendo hasta 9.860 euros al mes a cada paciente, y garantizando que 4.930 euros al mes estarán siempre financiados por el Gobierno de España, y el resto completado por gobierno de la autonomía en la que resida el paciente.

En relación a la mejora de los cuidados, Bustinduy también ha puesto en valor otras medidas impulsadas por Derechos Sociales como la modificación del artículo 49 de la Constitución, “que amplió los derechos, la autonomía y la dignidad de las personas con discapacidad, citando, además, de forma expresa, los derechos de las mujeres y niñas con discapacidad”, o la reforma de las leyes de Dependencia y Discapacidad, que se encuentra en proceso de tramitación en el Congreso de los Diputados.