La consejera de Ciudadanía y Derechos Sociales, María Victoria Broto, destacó “la responsabilidad” y “la voluntad de acuerdo” por parte de las comunidades en la reunión de esta semana del Consejo Territorial de Servicios Sociales y del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia en la que el tema central fue el de la gestión de las consignaciones del IRPF para las entidades sociales.
Broto explicó que la reunión comenzó “denunciando y lamentando la deslealtad del Gobierno hacia las Comunidades” ya que, dijo, presentó un proyecto de decreto sobre esta cuestión que no ha sido consultado a las Administraciones autonómicas y sí a las entidades. Esa propuesta nace la sentencia de enero del Tribunal Constitucional que dice que la gestión de las consignaciones del IRPF para las entidades debe llevarse a cabo desde los Gobiernos autonómicos.
La consejera insistió en que “el Gobierno debería haber contado desde el primer momento con las Comunidades Autónomas para dar cumplimiento a la sentencia del Constitucional”. “Somos Administración, gestionamos los servicios sociales y nos traen un proyecto de decreto en el que no hemos participado”, afirmó.
A pesar de ello y en una larga reunión y un duro debate, señaló Broto, “hemos trabajado de forma intensa para poder llegar a un acuerdo y decir a las entidades que queremos cumplir con la sentencia, pero que queremos que en la solución del problema contribuyamos todos”.
De esta forma, explicó que se ha acordado que la convocatoria de este año será gestionada con dos tramos, uno estatal y otro autonómico, si bien la comisión delegada aún debe decidir de qué forma y, posteriormente, esta debe ser aprobada por el Consejo Territorial. “Hay que aprobarlo en el Consejo, pero hoy, a ciegas, no podía hacerse”, dijo la consejera, criticando la falta de información recibida desde el Gobierno central.
En fechas posteriores, se creará un grupo de trabajo que analizará el formato de convocatoria que se llevará a cabo en años posteriores.