El Govern de Catalunya aprobó, recientemente, la memoria preliminar del Anteproyecto de ley del Sistema de Servicios Sociales de Cataluña. La normativa quiere fortalecer la estructura de servicios sociales y mejorar la acción de los agentes que intervienen; profundizar en las fórmulas de provisión de estos servicios, y buscar soluciones organizativas que permitan dotar de mayor eficiencia los recursos de gestión directa. Se trata, en definitiva, de promover un marco legal capaz de construir un verdadero sistema de servicios sociales catalán, robusto y equiparable a los de salud o educación.

Para recoger la opinión de la ciudadanía y especialmente de los agentes que conforman la red de servicios sociales (entes locales, entidades sociales y proveedoras de servicios, profesionales, organizaciones, etcétera), el Gobierno ha previsto iniciar una consulta previa a la cual se podrá acceder desde este enlace. 

Uno de los elementos principales que pretende abordar esta reforma legal y que el Acuerdo pone en marcha es el adelanto en el reconocimiento del personal de los servicios sociales y la mejora de sus condiciones de trabajo y salariales. Un reconocimiento que, ligado a requisitos de formación y preparación, tiene que garantizar la calidad en la ocupación y en la prestación de los servicios a las personas, así como la estabilidad del sector.

Otra de las iniciativas que apunta la memoria es explorar las fórmulas de provisión para la prestación de los servicios sociales, especialmente con entidades sin ánimo de lucro y administración local, garantizando que se cumplen los estándares de calidad capaces de dar una respuesta eficaz y ágil a la ciudadanía. Con este objetivo, para la redacción del Anteproyecto de ley se evaluarán las fórmulas no contractuales vigentes, como la concertación social o el convenio, y también se explorarán de nuevas e innovadoras. En este sentido, la memoria preliminar cita el bono de impacto social para entidades sin afán de lucro, un mecanismo en que la Administración fija unos objetivos definidos previamente, de los cuales se analizará el grado de cumplimiento y el impacto social logrado a posteriori.

El texto también prevé la posibilidad de activar convenios singulares de colaboración, que implican una cooperación directa de las entidades sociales en la prestación de determinados servicios. Esta línea permitirá mejorar la coordinación entre el tejido social y la Administración, que trabajarán conjuntamente y garantizarán una mayor eficiencia con el resto de actuaciones que llevan a cabo.

En cuanto a la búsqueda de soluciones organizativas que permitan hacer más ágiles y eficientes los servicios propios que gestiona la Generalitat, se apuesta por la creación de una agencia pública de servicios sociales de Cataluña.

Este nuevo marco legal se sumará a otras actuaciones que ya ha llevado a cabo Derechos Sociales con el fin de construir un sistema de servicios sociales capaz de afrontar los retos actuales y futuros. En este sentido, el Departamento firmó, también en fechas recientes, con las entidades prestamistas de servicios y los sindicatos, el incremento de las tarifas de servicios sociales un 9% hasta el 2024, un aumento que tiene que revertir en las condiciones laborales de los trabajadores del sector.