Respuesta.- Es una responsabilidad que asumo con humildad y compromiso. El departament que encabezo se ocupa de aspectos tan sensibles como los servicios sociales, la ocupación, las personas con dependencia, la gente mayor, la infancia, la juventud, etcétera. Políticas que en su conjunto nos permiten avanzar hacia el país que queremos ser, un  país con justicia social.

Catalunya está viviendo un momento histórico y, lamentablemente, lo hace en un contexto económico y social difícil, que exige intensificar las políticas de atención a las personas. Por eso, entre otras medidas, en la nueva estructura del Gobierno de la Generalitat hemos incluido el ámbito del trabajo en las competencias de la Conselleria d’Afers Socials, porque creemos que la mejor política social es el trabajo y hay que concebir unidas ambas políticas.

R.- Los retos son mayúsculos. Se trata de una legislatura excepcional que durará unos 18 meses y que nos llevará del postautonomismo a la preindependencia. Hay mucho trabajo por hacer. Tenemos que atender lo que yo llamo el mientras tanto y con eso me refiero al día a día de la gente, a generar más y mejor puestos de trabajo, a luchar contra la precariedad laboral, a combatir las desigualdades, a atender a las familias más vulnerables, a las personas con dependencia, etcétera.

Y, además de atender el mientras tanto, vamos a preparar las estructuras de Estado necesarias para que, si la sociedad catalana así lo quiere, al final de este proceso tengamos identidad propia. En este sentido, el Departament de Treball, Afers Socials i Famílies tiene el reto de gestar la Agencia de Protección Social, el marco legal regulatorio de las prestaciones sociales catalanas, que será el embrión de nuestra Seguridad Social.

R.- Agrupar en una misma consejería políticas sociales y trabajo es una declaración de intenciones. Hemos sumado las políticas de ocupación a la mochila de competencias del departament porque creemos firmemente que el trabajo es la mejor política social. Además entendemos estas políticas como una nueva economía productiva, por eso se engloba en la macroárea económica y no en la social. 

En el ámbito de la atención a las personas, tenemos el deber de dar respuesta a todas las situaciones de vulnerabilidad, que se han visto agravadas por la crisis. En este sentido, es prioritario desplegar el plan de choque de emergencia social. Para nosotros, las políticas sociales son garantía de derechos y no gestores de subsidios, y tienen que ser vistas como una inversión y no como un gasto para hacer un país para todos.

R.- Por supuesto. Estamos hablando de un código que contó con el apoyo no solo del Govern, también las principales entidades y agentes sociales. El código preserva este sector a través de un modelo de contratación que vela por la calidad de los servicios y considera, bajo criterios de eficiencia social, que la oferta más ventajosa no necesariamente se tiene que determinar atendiendo solo al precio.

El documento pretende convertirse en un modelo de contratación pública para los servicios de atención a las personas para conseguir los niveles de calidad deseables y asegurar la profesionalidad y las condiciones laborales que requieren estos servicios. También pretende impulsar la estabilidad en la ocupación y la inserción social de determinados colectivos especialmente desfavorecidos, así como garantizar el uso eficiente de fondos públicos para conseguir los mejores resultados para la Administración y para las empresas y entidades. 

R.- En el terreno de los servicios sociales, tenemos que pasar de las subvenciones a movernos en el marco de los convenios, que dotarán de más estabilidad al sector y a los trabajadores. Hay que tener un marco de referencia conceptual que dure más de un año y permita llevar a cabo proyectos más firmes. 

Por otro lado, tenemos una ley de la dependencia que nació con severas carencias y a la cual cada vez más personas que pueden acogerse (el año pasado se sumaron los de grado I). No obstante, el Estado no ha acompañado nunca esta ley con una financiación suficiente y eso, a parte de provocar mucha frustración entre la ciudadanía, ha obligado a la Generalitat a asumir la mayor parte de la aportación económica. Actualmente, Catalunya aporta el 82,8% de la financiación y el Gobierno el 17,2%. Si la Generalitat hubiese destinado los mismos recursos que el Estado, un 65% de las personas que han sido atendidas se habrían quedado fuera del sistema y no se habrían beneficiado de los servicios y prestaciones. 

R.- El departament velará por la seguridad, la promoción y el rol activo de la gente mayor en la comunidad. Vamos a fomentar la participación y la promoción del colectivo senior en la definición de las políticas públicas y en aquellos ámbitos sociales y comunitarios que sean de su interés.

También promoveremos la articulación de una unidad de detección y prevención del maltrato contra la gente mayor que fomente los hábitos de autoprotección para personas mayores. Dicha unidad velará para generar una mejor coordinación con el Departament d’Interior, Fiscalía i justicia para la agilización de procesos de espolio y maltrato contra la gente mayor o la atención urgente a necesidades de ancianos víctimas de maltrato familiar.