La comisaria de Derechos Humanos del Consejo de Europa, Dunja Mijatovic, expresó recientemente su preocupación por la situación causada por el nuevo coronavirus en las residencias europeas. “Los Estados miembro deben tener en cuenta que un número considerable de los fallecimientos –hasta la mitad de ellos– tuvieron lugar en estos centros, a pesar de que fueran sometidos a drásticas medidas de aislamiento”, lamentó.

Además, las cifras oficiales de estos centros tardaron semanas en empezar a incluirse en las estadísticas oficiales –Mijatovic menciona a Francia y Reino Unido– y, en casi todas partes, siguen estando “incompletas o parciales”. En este sentido, denuncia que “muchos usuarios enfermaron y perdieron la vida completamente solos y aislados, sin el conocimiento de sus familias”.

Con respecto a los factores que explican la alta mortalidad en estos equipamientos, menciona “la falta de preparación en relación a la escasez crónica de personal, en muchas ocasiones, por primar los beneficios económicos sobre la calidad de la atención; la carencia de EPI, la inadecuada vigilancia epidemiológica y la deficiente coordinación entre residencias y hospitales”.

Asimismo, señala que la gestión de la pandemia ha sido “fragmentada y caótica”, lo que plantea dudas sobre si los fallecidos por el virus en residencias tuvieron siquiera acceso a un tratamiento adecuado. “Me preocupan especialmente los informes de varios Estados en los que se rechazó la derivación de usuarios a los hospitales porque estos estaban saturados. Pero es posible que se les haya denegado el acceso incluso cuando había espacio para ellos”, dice, refiriéndose a varios casos en Estocolmo.

Por todos estos motivos, pide que los Estados “extraigan las lecciones necesarias de la experiencia vivida para convertirlas en políticas y garantizar que estos errores no se repitan”, lo que no debe “restar importancia a la urgencua en las reformas de atención social que todos los países europeos deben acometer sin falta”, concluyó.

La entidad AGE Platform Europe celebró este manifiesto y su secretaria general, Anne-Sophie Parent, afirmó que lleva mucho tiempo “pidiendo cambios en los deficientes sistemas de atención de Europa”. Por ello, piden mejorar el acceso a los servicios de calidad y las condiciones laborales del personal cuidador; introducir mecanismos que evalúen la calidad de los servicios; financiar estos sistemas; proteger los derechos y la dignidad de las personas institucionalizadas e incluir todos estos desafíos en el futuro proyecto legislativo europeo sobre envejecimiento.