La situación de las personas mayores en Venezuela continúa deteriorándose en un contexto marcado por la crisis económica, la fragilidad del sistema sanitario y el debilitamiento de las redes familiares. Así lo pone de manifiesto el reciente informe ‘Evaluación sobre las condiciones de vida y salud de las personas mayores en Venezuela. Resultados 2025’, elaborado por Convite AC el año pasado –y coordinado por el fundador de la entidad, Luis Francisco Cabezas–, que describe un escenario de creciente vulnerabilidad para este grupo poblacional –y sin tener en cuenta el contexto actual tras la detención de Nicolás Maduro–. La encuesta abarcó a 1.803 personas de 60 años o más en 19 capitales y localidades regionales, lo que permitió obtener una visión amplia y aproximada de la realidad que enfrentan. Este análisis ha sido posible gracias a las alianzas sostenidas con organizaciones de la sociedad civil, investigadores independientes, promotores comunitarios y activistas de derechos humanos que trabajan directamente en las comunidades, asegurando tanto la calidad del levantamiento como la legitimidad de los resultados.

El documento alerta de una “convergencia de riesgos económicos, sanitarios, alimentarios y sociales” que impacta de forma directa en la calidad de vida de las personas mayores, agravada por un proceso de envejecimiento demográfico acelerado. En la actualidad, se estima que hay 51 adultos mayores por cada 100 menores de 15 años, lo que refleja un cambio estructural en la población que incrementa la demanda de cuidados y servicios sociosanitarios. Además, la migración masiva de millones de venezolanos –según ACNUR, cerca de 7,9 millones de personas han salido de Venezuela– ha dejado a muchos mayores sin apoyo familiar, aumentando la soledad, la dependencia y el riesgo de abandono. Según el informe teniendo el cuenta datos de ENCOVI 2025, el 35% de los hogares está compuesto exclusivamente por personas mayores o por un mayor que vive solo, lo que eleva la exposición a situaciones de aislamiento social y deterioro funcional.

ALGUNOS DE LOS ASPECTOS DESCRITOS

Las personas mayores consultadas residen principalmente en viviendas tipo casa (57%) y apartamentos (34%). La muestra consultada reporta ser receptora de los principales servicios básicos públicos y privados: suministro eléctrico, agua por tubería, gas doméstico (con predominio del uso de cilindros o bombonas), recolección de desechos sólidos, drenaje de aguas negras, Internet, telefonía móvil, radio, telefonía fija y televisión por suscripción o señal abierta, estos dos últimos en menor proporción. Este año se observa un cambio en la percepción de la calidad, según las personas consultadas, los servicios funcionan mejor que en años anteriores. Como se apunta en este trabajo de campo, el problema de los servicios en Venezuela no radica en su acceso, sino en la ausencia de políticas de inversión y mantenimiento que garanticen su sostenibilidad y eficiencia.

La información recabada evidencia un cambio signicativo en la participación laboral de las personas mayores: el 55% se encuentra actualmente trabajando, superando por primera vez a quienes están inactivos. La motivación principal es la necesidad de complementar ingresos destinados a alimentación, salud y apoyo familiar. Este fenómeno muestra cómo la insuficiencia de la protección social obliga a prolongar la vida laboral más allá de la jubilación, lo en respuesta a un escenario de vulnerabilidad económica y social, pero a su vez, también demuestra que un porcentaje relevante de personas mayores conservan su capacidad generadora de ingresos y de continuar contribuyendo con la economía, constituyendo una potencial oportunidad para impulsar modelos laborales inclusivos e innovadores. Según la Cepal, “la contribución económica de las personas de 50 años y más en la región—medida en términos de PIB— pasaría del 36,7% en 2020 al 42,5% en 2050”. Y es que esta encuentra revela que 76% de las personas mayores perciben ingresos mensuales entre 50 y 100 USD, monto insuficiente para cubrir sus necesidades, ya que el gasto promedio supera esta cantidad. Para compensar esta brecha, además de trabajar, muchas recurren al apoyo familiar, tanto dentro como fuera del país. Aunque en 2021 el 73% dependía de sus familiares, en 2025 esta proporción descendió a 63%, lo que refleja una ligera mejora en la autonomía económica, aunque persiste una alta dependencia.

Uno de los ejes críticos identificados entre el colectivo es la alimentación. El informe documenta un deterioro progresivo en el acceso y la calidad de los alimentos, con un aumento de estrategias de supervivencia que reflejan la precariedad económica. En concreto, se alerta de que si bien la mayoría de las personas mayores encuestadas consume entre dos y tres comidas diarias, solo un 10% logró comer más de tres veces durante la última semana. Este patrón refleja limitaciones en el acceso a alimentos y la necesidad de ajustar la dieta a la disponibilidad económica y material. Entre las medidas más frecuentes adoptadas por los hogares destacan la compra de alimentos más baratos y de menor calidad (73,4%), la reducción de las porciones (52,1%) y la disminución del número de comidas diarias (39,5%). Además, un 32% de las personas mayores ha tenido que recurrir al consumo de productos de bajo valor nutricional, como vísceras o subproductos animales, como sustitutos de proteínas de mayor calidad. Este contexto tiene un impacto directo en la salud, favoreciendo la desnutrición, la pérdida de peso y el empeoramiento de enfermedades crónicas, especialmente en una población ya vulnerable.

Desde el punto de vista sanitario, el 94% de los encuestados califica su salud como buena, regular, muy buena o excelente, mientras que solo 4% la percibe como mala. El informe evidencia una alta prevalencia de enfermedades crónicas, muchas de ellas mal controladas debido a la falta de acceso a tratamiento y seguimiento médico. La hipertensión arterial afecta al 63% de las personas mayores, seguida de trastornos gastrointestinales (32%), diabetes (22%) e insuficiencia venosa (17%). Estas patologías requieren atención continua, pero el sistema sanitario presenta importantes limitaciones, tanto en disponibilidad de servicios como de medicamentos. El acceso irregular a fármacos esenciales constituye uno de los principales problemas detectados. Las interrupciones en los tratamientos aumentan el riesgo de complicaciones, discapacidad y mortalidad prevenible. Aunque la disponibilidad ha mejorado en los últimos años, las barreras económicas siguen impidiendo un acceso sostenido. Asimismo, la falta de una atención primaria con enfoque geriátrico dificulta el abordaje integral de las enfermedades crónicas, lo que agrava la carga de morbilidad en este grupo poblacional.

El informe también pone el foco en la dependencia y el cuidado. Aunque la mayoría de las personas mayores mantiene cierto grado de autonomía, un 26% requiere cuidados directos de otra persona, lo que refleja una carga creciente para las familias. La responsabilidad del cuidado recae fundamentalmente en el entorno familiar, especialmente en hijos e hijas, lo que genera una importante sobrecarga física, emocional y económica. En muchos casos, los cuidadores deben reducir su actividad laboral o asumir tareas intensivas sin apoyo institucional, aumentando el riesgo de agotamiento y abandono involuntario del cuidado. Además, el informe destaca una feminización del cuidado y de la pobreza, ya que las mujeres mayores y las cuidadoras enfrentan una doble carga: menor acceso a ingresos y mayor responsabilidad en la atención de dependientes.

La dimensión psicosocial también emerge como un factor clave. El aislamiento social, la ansiedad y la tristeza son problemas frecuentes que deterioran la salud mental de las personas mayores, especialmente en un contexto de fragmentación de las redes familiares. Aunque la mayoría no percibe la soledad como un problema constante, existe un grupo significativo que la vive con incomodidad, lo que subraya la necesidad de intervenciones específicas en este ámbito. Es importante subrayar que los resultados podrían estar sujetos a subregistro –como explica el estudio–, ya que algunas personas encuestadas pueden no haberse sentido cómodas o seguras al reconocer abiertamente su situación de soledad, lo que sugiere que el fenómeno podría ser más amplio de lo que muestran los datos.

Por otro lado, el maltrato y la discriminación no son experiencias mayoritarias, pero su presencia en espacios cotidianos refleja la necesidad de prevención y sensibilización social, señala el estudio.

Finalmente, las principales limitaciones para el ocio y formación están vinculadas a falta de tiempo, recursos y percepciones culturales sobre la edad, más que a un rechazo generalizado.

UN SISTEMA INSUFICIENTE

El informe concluye que el sistema de protección social es insuficiente para dar respuesta a las necesidades de las personas mayores. Las pensiones y transferencias monetarias se sitúan muy por debajo del coste de la vida, lo que obliga a depender de redes informales, remesas o ayudas puntuales. Asimismo, se señala la ausencia de un sistema integral de protección y de protocolos específicos que garanticen atención coordinada en casos de abuso, negligencia o vulnerabilidad. Ante este escenario, los autores reclaman la implementación de políticas públicas urgentes que incluyan el suministro continuo de medicamentos, el fortalecimiento de la atención primaria con enfoque geriátrico, el apoyo a los cuidadores y el desarrollo de redes comunitarias de apoyo. En definitiva, el informe evidencia que, aunque muchas personas mayores mantienen su autonomía, enfrentan múltiples barreras que comprometen su bienestar. La combinación de precariedad económica, problemas de salud y falta de apoyos configura un escenario que exige una respuesta estructural e inmediata para garantizar una vejez digna.