Los dos mayores focos de infección de la Covid-19 son los hospitales –solo así se explica que buena parte de las personas infectadas sean profesionales sanitarios– y las residencias de mayores, que es precisamente donde viven las personas con más riesgo de desarrollar la infección de forma más grave. A mediados de abril, AGE Platform Europe afirmaba que los datos de fallecimiento y abandono de personas mayores en este tipo de instituciones son “impactantes”, pues en varios países del viejo continente, la mitad de las muertes por Covid-19 tuvieron lugar en residencias.

¿Fue evitable? Para Joseba Zalaikín, director del SiiS, Centro de Documentación y Estudios de la Fundación Eguia Careaga, sí. O, al menos, se pudo hacer más. “Es fácil decirlo ahora”, admite, “pero en Europa, las medidas se tomaron tarde porque no había suficiente conocimiento”.

Es importante tener en cuenta que en lo referido a residencias, Europa es dispar. Mientras que en el sur existe un modelo más centrado en las grandes residencias, en el norte estas suelen ser más pequeñas y parecidas a una vivienda. En cualquier caso, los residentes comparten espacios y personal de forma muy cercana, aumentando las posibilidades de contagio. Una buena forma de reducir esta probabilidad, según indica Zalaikín, es con una arquitectura estratégica por módulos que permitan el aislamiento y la reducción de la circulación de los profesionales que atienden a los mayores. Pero la mejor de ellas es consiguiendo un cambio de modelo en esta zona de Europa dejando de lado los macrocentros –en los que el virus puede infectar a decenas de personas de una sentada– y apostando por residencias más pequeñas: “Cuanto más pequeño sea un centro, más protegido estará de la infección”, afirma.

Una vez visto que las residencias son uno de los lugares más afectados por la emergencia sanitaria y por qué, lo lógico es esperar que los datos que ofrecen los gobiernos cada día analicen la situación de estos centros. Pero al no existir un criterio único –la Unión Europea no tiene competencias en Sanidad–, cada país tiene su “librillo”. Precisamente Zalaikín, junto a Adelina Comas-Herrera, de la London School of Economics, elaboraron un estudio que estima la incidencia del virus en las residencias, salvando las distancias entre los métodos de cada país para contabilizar los datos de contagiados, fallecidos y recuperados. Para el director del SiiS, el método más convincente es el de Irlanda porque tiene un sistema bastante actualizado para recoger esta información, pero, de momento, la situación es “un poco caótica” y “tendremos que comparar la mortalidad de este año con la de otros años, confiando en que el perfil de los usuarios de las residencias no ha cambiado mucho, y así ir analizando cuál fue la mortalidad media en los distintos meses de varios años para compararlos con marzo, abril y mayo de 2020”. Así, se conseguiría sonsacar la sobremortalidad achacable al virus.

Pero existen otras dos fórmulas: la primera, contar solo las muertes de personas que han dado positivo –antes o después de fallecer–, y la segunda, contar a aquellos fallecidos que presentaban sintomatología compatible. No es de extrañar que del estudio se extraiga que el porcentaje de fallecidos en residencias vaya del 19% al 72%, según el país.

El doctor Hans Henri P. Kluge, director regional de la OMS en Europa, puso este tema de manifiesto hace una semana: “La imagen que ha surgido de la Covid-19 en los centros residenciales es muy preocupante. Es una tragedia inimaginable”, admitió, “pero pese a que muchos residentes son frágiles, hay buenas posibilidades de recuperación si se atienden bien”.

Para Kluge, la clave está, en primer lugar, en dignificar a los trabajadores de las residencias protegiéndoles con Equipos de Protección Individual (EPIs), aumentando su salario y aliviando su carga de trabajo. 

Además, en un segundo punto, propone un cambio en el funcionamiento de los centros para prevenirlos del virus –con planes integrales, haciendo test, protegiendo a los sanos y favoreciendo el aislamiento–; y por último, crear sistemas que prioricen una atención de calidad.

No hay un criterio único: cada país tiene su forma de contar los fallecimientos y, fronteras adentro, cada región hace lo que puede. Solamente en el terreno de las muertes en residencias, el panorama es todavía más complicado de abordar.

Por ejemplo, Bélgica no empezó a contar los fallecimientos por Covid-19 en las residencias hasta el 11 de abril, cuando el primer caso confirmado del virus tuvo lugar el 4 de febrero. El sistema fue sofisticándose al pasar los días, pues el 15 de abril ya se discriminaba entre las muertes de casos confirmados y las de casos sospechosos, un sistema muy similar al que se emplea en Irlanda.

El Gobierno francés publicó datos estimados de muertes en centros residenciales por primera vez el 31 de marzo, pero solo se empezaron a contar de forma diaria desde el 12 de abril. Más tardía fue la actuación de Alemania, cuyos primeros datos oficiales de muertes en distintos centros de cuidado –incluyendo los de atención a la discapacidad, de refugiados y hasta las prisiones– se dieron el 22 de abril.

Por su parte, en Italia, donde la situación es mucho más delicada, los números de las residencias se ofrecen de forma eventual. El informe más reciente, que al cierre de esta edición data del 6 de abril, muestra que más del 37% de los fallecimientos en residencias entre el 1 de febrero y el 6 de abril están relacionadas con la Covid-19.

Portugal tampoco da números diarios, pero el Gobierno estima que el 40% de las muertes totales del país por el coronavirus tuvieron lugar en residencias. Por último, Reino Unido comenzó a tener en cuenta los fallecimientos en centros residenciales hace tan solo una semana, aumentando la cifra que se manejaba hasta entonces en 5.000 más.