Volvieron a concentrarse. Como cada miércoles desde el año pasado. Hablamos de Argentina, y de la ‘Marcha de los Jubilados’. El Gobierno de Javier Milei ha puesto en pie de guerra a este colectivo, que ve mermada su capacidad económica con las medidas represivas de la República impuestas.

Sin embargo, el 12 de marzo el exceso de la carga policial fue el revulsivo para la intervención de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), quien días más tarde había manifestado “su preocupación por la violencia registrada durante la ‘Marcha de los Jubilados’ de ese día en Buenos Aires. El Estado de Argentina debe garantizar los derechos a la libertad de expresión y de asociación, y utilizar los protocolos con enfoque de derechos humanos en cuanto al uso de la fuerza en manifestaciones, conforme a los estándares interamericanos”, señala el organismo.

Según información pública, el Estado respondió a la protesta del 12 de marzo con «un operativo de seguridad que utilizó gases lacrimógenos, balas de goma y camiones hidrantes. La intervención dejó 20 personas heridas, incluyendo una jubilada de 87 años con traumatismo craneoencefálico. Además, se registraron 114 personas detenidas, entre ellas un niño de 12 años y un adolescente de 14, liberadas posteriormente por el Poder Judicial”. Se documentaron también ataques directos contra periodistas, incluyendo el caso de Pablo Grillo, un joven fotoperiodista que resultó gravemente herido por una cápsula de gas lacrimógeno que impactó en su cabeza, así como «otros casos donde profesionales de la prensa fueron amenazados, agredidos físicamente y obstaculizados en el ejercicio de su labor informativa», explica la nota de la comisión.

La CIDH reafirma que la “protesta social es un componente esencial en el funcionamiento de las sociedades democráticas. El ejercicio del derecho a la libertad de expresión y de reunión pacífica permite a las personas manifestar sus demandas, opiniones y disensos frente a las políticas públicas y decisiones gubernamentales”. En este sentido, «el Estado de Argentina tiene la obligación de respetar, proteger, facilitar y garantizar el pleno ejercicio de estos derechos», utilizando la fuerza como último recurso. Adicionalmente, enfatizan que el Estado tiene la obligación de garantizar que los periodistas puedan ejercer su trabajo de documentación e información durante protestas sin ser objeto de violencia, agresiones ni obstrucciones, ya que su función es esencial para informar a la sociedad y para garantizar el escrutinio público de la actuación policial.

Asimismo, la Comisión reitera su «reconocimiento a la sólida tradición de participación ciudadana en Argentina, la cual ha sido fundamental para el fortalecimiento de su democracia«. En este sentido, “urgen al Estado argentino a investigar de manera pronta, imparcial y con la debida diligencia los posibles excesos en el uso de la fuerza, y a sancionar a quienes resulten responsables. Asimismo, instan a las autoridades a promover un diálogo genuino, efectivo e inclusivo para atender las legítimas demandas de la población”, concluye la comisión.

UNA SEMANA DESPUÉS

Pero el pasado 19 de marzo, nuevamente, los ánimos no se vinieron abajo. En esta ocasión, y después de los lamentables sucesos acaecidos en Buenos Aires el 12 de marzo, el apoyo fue aún mayor. Con Pablo Grillo en mente, en esta ocasión, les acompañaron organizaciones sociales (como la UTEP y Barrios de Pie), miembros de la CGT (como La Bancaria, la UOM, la CATT), las dos CTA y la izquierda. Esta vez, el lema fue ‘¡Fuerza jubilados! No al acuerdo con el FMI’, justo cuando la Cámara de Diputados daba su visto bueno al mismo, con 129 votos positivos, 108 en contra y 6 abstenciones. En concreto, este órgano dio luz verde al Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) que establece un nuevo convenio de refinanciación con el Fondo Monetario Internacional (FMI) bajo el Programa de Facilidades Extendidas.

El decreto, firmado por el presidente Javier Milei y su equipo de gobierno, autoriza la toma de crédito público con un plazo de amortización de diez años y establece que los fondos obtenidos se destinarán a la cancelación de deuda con el Banco Central de la República Argentina (BCRA) y a cubrir vencimientos con el organismo internacional. Según el presidente, Javier Milei, con esta medida se busca “sanear el BCRA para terminar con la inflación”. Sin embargo, las voces críticas apuntan a que esta decisión es inconstitucional. Las voces a favor señalan que puede ser beneficiosa para el país en áreas como el sistema impositivo y el régimen previsional.