La Sala de la Cámara de diputadas y diputados de Chile aprobó, recientemente, el Proyecto de Ley Integral de las Personas Mayores y de Promoción del Envejecimiento Digno, Activo y Saludable. Así, la iniciativa queda a las puertas de ser promulgada.

La aprobación del proyecto consolida un marco legal inédito para el país, al establecer 15 derechos específicos para las personas mayores, reforzando su dignidad, autonomía, acceso a la justicia y participación plena en la vida social, cultural y comunitaria.

La ministra de Desarrollo Social y Familia, Javiera Toro, destacó que «esta ley representa un avance que cambia la forma en que el Estado se relaciona con las personas mayores. Pasamos de una lógica que asociaba la vejez casi exclusivamente a la fragilidad, a un enfoque de derechos donde se les reconoce como sujetos activos y con plena capacidad de decisión. Con este marco legal, aseguramos que la dignidad y la autonomía se ejerzan en la práctica, construyendo una sociedad que valore a las personas en todas las etapas de la vida».

Entre sus principales avances, la nueva Ley fortalece el Servicio Nacional del Adulto Mayor (Senama) mediante la creación de direcciones regionales, lo que permitirá una gestión más cercana y con mayor capacidad de respuesta en los territorios. Asimismo, institucionaliza la Política Nacional de Envejecimiento, asegurando continuidad y coherencia en la acción del Estado frente al desafío del envejecimiento de la población.

La normativa también crea un procedimiento judicial específico para abordar situaciones de abandono social de personas mayores dependientes, incorporando medidas de protección, representación judicial y programas especializados a cargo de SENAMA. A ello se suma el refuerzo de la defensa y representación jurídica, mediante mayores recursos para las Corporaciones de Asistencia Judicial.

Con esta aprobación, el Congreso culmina una tramitación clave en materia de derechos sociales, avanzando en una legislación que reconoce el envejecimiento como un desafío estructural del país y refuerza el rol del Estado en la protección y promoción de los derechos de las personas mayores.