A finales de junio, la Sala de la Cámara de los diputados chilenos aprobó y despachó a tercer trámite el proyecto de ley sobre envejecimiento positivo, iniciativa que promueve el envejecimiento digno, activo y saludable de las personas mayores.

La norma requirió de tres jornadas de debate, dada la cantidad de parlamentarias y parlamentarios inscritos para participar de la discusión, teniendo en cuenta la necesidad de fortalecer la institucionalidad actual.

El proyecto define una ley integral, con una Política Nacional del Envejecimiento, en los términos que consagra la Convención Interamericana y demás tratados ratificados por Chile sobre la materia. Sus ejes principales son, por una parte, los derechos humanos fundamentales y, por otra, los deberes del Estado en cuanto a su cumplimiento.

El punto central del debate fue la insistencia, por parte del Ejecutivo, de asignar la defensa y protección de los adultos mayores al Instituto Nacional de los Derechos Humanos. La norma había sido rechazada en el Senado y también en la Comisión de Personas Mayores. Dicho aspecto, finalmente, fue aprobado por la Sala por 61 votos a favor, 47 en contra y ocho abstenciones. El texto que finalmente recibió el visto bueno de la Cámara incluye una serie de modificaciones respecto del despachado por el Senado. Por ello, ahora este deberá pronunciarse sobre estos cambios.

ENVEJECIMIENTO POSITIVO

La norma se sustenta sobre la base de una serie de pilares fundamentales que son: el establecimiento de programas de apoyo y cuidado para personas mayores; el resguardo de sus derechos con las consiguientes acciones del Estado; la creación de una Política Nacional de Envejecimiento; la conformación de los Consejos Regionales de las Personas Mayores y la incorporación del concepto de abandono social. A

sí pues, se consagra el derecho a la igualdad y no discriminación por razones de edad en la vejez, el derecho a la independencia y a la autonomía, el derecho a una vida libre de violencia, el derecho a la accesibilidad y a la movilidad personal.

Se suman, además, el derecho a la participación e integración comunitaria, el derecho a la salud y la educación, el derecho a la información y el derecho al trabajo. Respecto de este último punto, el proyecto busca crear una modalidad de trabajo flexible para los adultos mayores, de modo que puedan mantenerse activos en el mercado laboral, si así lo desean.