Chile urge a tipificar como delito el maltrato a mayores
La ministra de Justicia agilizará los trámites para modificar el Código Penal. Asimismo, los parlamentarios proponen la creación de un Registro Nacional de Condenados por Maltrato Infantil y de personas vulnerables
La ministra de Justicia del Gobierno de Chile, Javiera Blanco, ha anunciado este mes de julio que su Ejecutivo le otorgará suma urgencia al proyecto de ley presentado por los diputados Matías Walker, Daniel Farkas, Loreto Carvajal y Gabriel Silber (DC), que modifica el Código Penal con el objetivo de tipificar el delito de maltrato infantil y de personas vulnerables. "Esta es una moción que nosotros valoramos y celebramos porque estamos tipificando una nueva figura que tiene que ver con el maltrato infantil y el maltrato a todas las personas que presenten una situación de vulneración, como personas con algún grado de discapacidad, personas mayores de edad, los más pequeños”, puntualizó.
La iniciativa establece penas de dos a cinco años de cárcel, las cuales se verán incrementadas desde los cinco años y un día hasta los ocho años, cuando el maltrato lo efectúe quien tenga bajo cuidado o protección al menor, adulto mayor o persona en situación de discapacidad víctima del delito.
Además, los parlamentarios proponen la creación de un Registro Nacional de Condenados por Maltrato Infantil y de personas vulnerables, que permitirá que padres, colegios y otros órganos o instituciones puedan verificar si las personas que están contratando o a las cuales les están dejando al cuidado de sus familiares mientras trabajan no han sido condenadas por estos delitos.
La iniciativa establece penas de dos a cinco años de cárcel, las cuales se verán incrementadas desde los cinco años y un día hasta los ocho años, cuando el maltrato lo efectúe quien tenga bajo cuidado o protección al menor, adulto mayor o persona en situación de discapacidad víctima del delito.
Además, los parlamentarios proponen la creación de un Registro Nacional de Condenados por Maltrato Infantil y de personas vulnerables, que permitirá que padres, colegios y otros órganos o instituciones puedan verificar si las personas que están contratando o a las cuales les están dejando al cuidado de sus familiares mientras trabajan no han sido condenadas por estos delitos.
