La conselleira de Traballo e Benestar, Beatriz Mato, y el presidente de la Diputación de A Coruña, Diego Calvo, firmaron un convenio de colaboración entre ambas administraciones para la prestación de servicios sociales básicos en los ayuntamientos y para la contratación de personas desempleadas. El acuerdo asciende a un total de 7,6 millones de euros, que serán aportados por las dos instituciones.
En concreto, el acuerdo establece que, del total de la financiación recogida, 5,7 millones de euros estarán destinados a servicios sociales, a través de los presupuestos de Xunta y Diputación; y 1,9 millones se destinarán a la contratación de desempleados, a través de la financiación del Gobierno autonómico.
De este modo, de los 7,6 millones de los que está dotado el convenio, la Xunta acercará a los ayuntamientos coruñeses el 75 por ciento del total, y la Diputación la cuantía restante. Este acuerdo se inscribe dentro del protocolo general que el presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, firmó con los presidentes de los cuatro entes provinciales el pasado 20 de junio.
Mato explicó que el objetivo de este convenio es “garantizar la continuidad, la estabilidad y la sostenibilidad de los servicios sociales comunitarios y las políticas de empleo en el medio local”. Esta actuación, así como el marco “estable y permanente” que constituye el protocolo firmado el pasado mes, permite gestionar los recursos “siguiendo criterios de máxima eficiencia y eficacia, optimizando las inversiones y reduciendo las duplicidades”.
Por su parte, el presidente de la Diputación de A Coruña afirmó que “este convenio es el primer fruto del acuerdo firmado hace unos días entre la Xunta de Galicia y las Diputaciones para evitar duplicidades, cooperar y colaborar para salir de la crisis en la que estamos”
Servicios sociales
Del total de 7,6 millones, unos 5,7 irán destinados a financiar servicios sociales básicos a los 94 ayuntamientos coruñeses, una financiación coordinada y compartida entre Xunta y Diputación. De este modo, se desarrolla el nuevo decreto de servicios sociales comunitarios, aprobado el pasado mes de marzo. Esta nueva normativa apuesta por la “máxima coordinación” entre administraciones, y establece mecanismos para “agilizar y optimizar” la financiación de los servicios sociales comunitarios, esto es, los que prestan –siguiendo la normativa- los ayuntamientos.
Así, mediante este convenio la Xunta va a financiar los trabajadores sociales de los servicios sociales comunitarios municipales de todos los ayuntamientos de la provincia. Además, también financiará el personal técnico con perfil profesional diferente de los trabajadores sociales integrado en los servicios sociales comunitarios básicos y el servicio de ayuda en el hogar de prestación básica (SAF básico) de los ayuntamientos de más de 20.000 habitantes.
Por su parte, las diputaciones provinciales financiarán la ayuda en el hogar (SAF básico) de las corporaciones locales de menos de 20.000 habitantes, así como el personal técnico, diferente de los trabajadores sociales, de los servicios sociales comunitarios básicos de las corporaciones locales de menos de 20.000 habitantes.
Hay que recordar que, desde la entrada en vigor del nuevo decreto, el servicio de ayuda en el hogar para personas dependientes (que supondrá una inversión de alrededor de 13,5 millones de euros por parte de la Xunta en la provincia a lo largo de 2012), se financia por el departamento autonómico a través de otra vía que se liquida ahora de manera trimestral –cuando antes era de manera anual-, por lo que queda fuera del objeto de este convenio.
De este modo, destacó Mato, será posible establecer “una coordinación efectiva entre administraciones, optimizar la cooperación y ahondar en la corresponsabilidad en la prestación de servicios básicos para la ciudadanía, evitar duplicidades y, además, dar cumplimiento a la Ley 13/2008 de 3 de diciembre de servicios sociales de Galicia”.
Por su parte, Calvo subrayó que este “es un esfuerzo de la Diputación junto con la Consellería de Trabajo y Bienestar para dejar totalmente cubierta las prestaciones de servicios sociales en los 94 ayuntamientos de la provincia, una de nuestras prioridades como ya marcamos en los presupuestos donde, no solo blindamos el gasto social, sino que además lo incrementamos.”
Además, añadió que “este primer paso sienta las bases para el futuro trabajo de las administraciones y coincide con la modificación del gobierno central para conseguir una administración, una competencia. Es un placer que sea con la consellería que atiende las personas que peor lo están pasando en este momento".
El presidente de la Diputación anunció que, además, se llevará al próximo pleno del mes de julio un modificativo de crédito para aportar 500.000 euros más a la partida de servicios sociales, una medida que la conselleira recibió con "satisfacción" por "ver que esta diputación comparte las mismas prioridades y objetivos que nuestra consellería".