La conselleira de Traballo e Benestar, Beatriz Mato, solicitó al Estado que revise el modelo de financiación de la Ley de Dependencia, con el objetivo de garantizar la viabilidad del sistema y optimizarlo.
La titular del departamento autonómico mantuvo hoy la primera reunión institucional con la ministra de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, Ana Mato, en la que acordaron en primer lugar llevar a cabo una evaluación “seria y rigurosa” de la Ley de Dependencia, para después estudiar, si cabe, las necesidades específicas de cada comunidad y revisar el modelo de financiación.
Así, y en primer lugar, la responsable del departamento autonómico de la Xunta solicitó a la ministra “una línea abierta y directa” entre Xunta y resto de comunidades autónomas con el Gobierno central para hacer “una reflexión profunda y una evaluación seria” de la normativa.
De esta forma, la ministra se comprometió a desarrollar unas comisiones técnicas de trabajo en las que participen todas las comunidades autónomas para hacer esta evaluación. Estas comisiones serán paralelas al consejo territorial de la dependencia, en la que también participan todas las regiones.
“Las comisiones de trabajo serán otro foro de debate, aunque más técnico, para evaluar la normativa, ya que está claro que la ley a lo largo de sus cinco años de vida no cubrió en toda España sus expectativas en cuanto a la cobertura de atención a la dependencia y en cuanto a la financiación”, apuntó la conselleira.
Precisamente, la financiación fue la segunda reclamación de la conselleira ante la ministra en relación a la Ley de Dependencia. Beatriz Mato reivindicó ante el nuevo Gobierno central la demanda que lleva pidiendo desde hace tiempo: que se busquen vías alternativas al modelo de financiación actual, ya que no se está cumpliendo por parte del Estado lo que exige la propia normativa de dependencia, una financiación al 50 por centro entre Estado y comunidades autónomas.
En este sentido, la titular de Bienestar de la Xunta reiteró su propuesta de que el modelo de financiación debe calcularse en función del servicio que se presta y para que las aportaciones entre comunidades autónomas y Estado sean al 50 por ciento, tal y como marca la propia normativa.
Explicó que el Estado no cumple con la parte de financiación que le corresponde. En este sentido, apuntó que, de promedio, el Estado aportó a Galicia en materia de dependencia entre los años 2007 y 2012 un 28,45 del total invertido, frente al 71,55 por ciento destinado por la Xunta.
Asimismo, Beatriz Mato indicó la necesidad de que “el nivel mínimo de financiación vaya ligado al tipo de servicio o prestación y no al grado y nivel de dependencia como hasta  ahora”. “No es lo mismo financiar una plaza en residencia que una ayuda a una persona que cuida a su familiar en casa, por lo tanto, no sirve que se acerque una cifra fija por cada dependiente”.
Beatriz Mato, además, reclamó que en el nivel acordado se tenga en cuenta a tasa de envejecimiento de Galicia- ya que la comunidad gallega tiene el segundo índice de envejecimiento más alto de España-, y la dispersión territorial.
En definitiva, la conselleira resaltó que a partir de ahora se abrirá “una línea abierta y directa” con el Estado para colaborar en la evaluación de la ley de dependencia.
En materia de dependencia también, la titular de Benestar de la Xunta propuso la unificación de los sistemas de información del Estado con los de cada comunidad autónoma y potenciar la red de servicios existentes.
Plan Concertado
Además de la Ley de Dependencia, Beatriz Mato y Ana Mato abordaron la financiación del Plan Concertado. Al respecto, la conselleira solicitó valorar la posibilidad de incrementar el presupuesto para Galicia del conocido como Plan Concertado, el programa de atención a los servicios sociales de los ayuntamientos.
Al respeto, la titular de Bienestar explicó que “la aportación del Estado se desvirtuó en los últimos años. En Galicia la aportación del Estado es baja comparado con las necesidades de nuestra comunidad, y toda vez que la aportación es tripartita, entre Estado, Xunta y ayuntamientos, de un tercio cada administración”, subrayó.
En definitiva, la conselleira de Traballo e Benestar abordó con la ministra diversos asuntos de cara a la optimización de recursos, colaboración y coordinación entre administraciones en materia de servicios sociales y, por lo tanto, acordaron colaborar y coordinarse en la definición de las necesidades básicas de los ciudadanas, en la cobertura de estas necesidades y en la prestación de los servicios.